La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Administración de los Sistemas de Retiro endosaron este viernes la legislación que autoriza un “preretiro” a empleados públicos con más de 20 años de servicio que recibirían una pensión del 60% de su salario, más el pago de plan médico por los primeros dos años del programa.

La medida, que es un proyecto sometido por el Ejecutivo, tiene como objetivo generar ahorros en el gasto de las agencias que implanten el programa mediante la eliminación de ciertos gastos de nómina.

Según la proyección que presentó la OGP en las audiencias públicas que celebra la Comisión de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro del Servicio Público de la Cámara de Representantes, la economía global que se generaría será de $822,000 durante el primer año y cifras anuales superiores, que irán creciendo de forma escalonada, hasta alcanzar los cerca de $3.0 millones a los 15 años de implantado el proyecto.

Este programa funcionaría a partir de que la agencia que considere que cualifica y tiene las condiciones para participar, someta una solicitud a la OGP, que certificará entonces su capacidad.

Los empleados que cualifiquen y que interesen participar, que serán aquellos que están cotizando al Sistema de Retiro desde el 1 de abril de 1990 y tienen 20 años o más de servicio, someterán una solicitud a la agencia, que determinará si aprueba la misma. 

Los empleados que entren al programa, que es de carácter voluntario, recibirán una pensión de 60% de su salario hasta que lleguen a la edad de entrar al Sistema de Retiro, cuando pasarán entonces a recibir la pensión que normalmente le correspondería por sus años de servicio y cotización. 

Además del 60% de su salario, los empleados que se acojan al plan, recibirán el pago de plan médico por dos años, y durante todo el periodo que permanezcan bajo el mismo, la agencia pagará lo que le correspondería aportar a su retiro y al Seguro Social federal como si estuviera trabajando. 

También, a su salida, recibirán el pago de las liquidaciones de vacaciones y días por enfermedad acumulados y esa suma estará exenta del pago de contribuciones. 

El director de la OGP, Luis Cruz Batista, estimó que esta propuesta representará un ahorro de 30% en el gasto de nómina de aquellos empleados que se acojan al plan. 

“Este programa impacta positivamente los elementos que intenta atender el Plan de Ajuste Fiscal a Cinco Años, a saber, la reforma estructural, fiscal e institucional del ELA, a la vez que reduce costos sin afectar los servicios, ni las finanzas del Sistema de Retiro, representando ahorros globales en el presupuesto”, expresó.

En el cálculo del ahorro que se lograría con esta medida se toma en cuenta que la agencia, aunque asume el costo de la pensión y el pago por los sistemas de retiro del empleado hasta que llegue el momento de su retiro real, no tendrá que pagar las cuotas del Fondo del Seguro de Estado, las aportaciones al desempleo del Departamento del Trabajo y el bono de Navidad.

Presentó el ejemplo de un empleado que gana $83,760 anuales, cuyo costo de nómina se eleva a los $105,683 con las aportaciones que hace el patrono, que al acogerse al programa el costo para la agencia se reduciría a $75,633.

“Este ejemplo presentaría una economía para el primer año de $30,050. La misma aumentará a los dos años y de ahí sucesivamente hasta el retiro del participante”, sostuvo Cruz Batista.

Por su parte, el administrador de los Sistemas de Retiro, Pedro R. Ortiz Cortés, recalcó que “el Programa de Preretiro Voluntario toma en consideración la situación actuarial del Sistema de Retiro del ELA. La implementación del Programa no tendrá un impacto adverso en las arcas del Sistema de Retiro, ni de las entidades gubernamentales que se acojan al mismo”. 

Para cualificar y beneficiarse de este programa, las agencias y municipios tendrán que estar en cumplimiento con las aportaciones individuales y con las retenciones del sueldo de los empleados para el pago de préstamos o planes de pago establecidos por la Administración del Sistema de Retiro.

La Federación de Alcaldes de Puerto Rico, representada en la audiencia por su asesor legal, Raúl Santiago Pérez, no avaló la medida tras argumentar que representará muy poco ahorro para la mayoría de los municipios del país. 

Por su parte, el Sindicato de Policías Puertorriquenos endosó la medida, pero propuso que, atendiendo la situación particular de estos empleados públicos que no pagan seguro social, la pensión del 60% del sueldo que se propone para el “preretiro” se haga vitalicia para estos servidores.

“Sugerimos que el porciento que establece esta medida sea extendido en forma vitalicia, y los exhortamos –además- a que tengan en consideración legislación que haga justicia a los policías que ingresaron después del 1 de abril de 1990, los cuales al momento de su retiro serán los retirados más empobrecidos de Puerto Rico”, expresó José Marín Martínez, director ejecutivo del Sindicato.

Mientras tanto, el “Movimiento Retiro Ley 447”, por la referencia al número de la Ley que establece el sistema de retiro en la Isla, propuso también varias enmiendas a la medida, entre las que incluyó que el pago de la “pensión preretiro” sea mayor al 60%, que se establezca que todo empleado que haya aportado 30 años al Sistema de Retiro tenga derecho a jubilarse y que se establezca una pensión fija al momento del retiro.

El presidente de la Comisión, el representante Jesús Santa, adelantó su intención de procurar que en el proyecto se establezca una pensión fija para los participantes luego que pasen de lleno al Sistema de Retiro.