Los legisladores penepés, sin duda, esta semana han dado de qué hablar. Primero, María Milagros Charbonier con el dilema de que no le daba el sueldo de $73,000 anuales para vivir. Luego, le siguió Carmelo Ríos, a quien se le soltó la lengua con su comentario sobre las mujeres y su rol en la sociedad.

Dicen que a la tercera va la vencida. ¡Ojalá! Resulta que el turno lo asumió ahora el representante Héctor Torres, quien radicó un proyecto con el que pretende prohibir que las personas se den el palito durante el Viernes Santo.

¿Qué harán entonces con los que van a la playa o de camping a Culebra? ¿O con los que deciden disfrutar de una barbacoa un día en el que no se promueve el consumo de carne? Ahí tienen para pensar.

En fin, la medida cayó como un balde de agua fría, no solo entre la ciudadanía, sino también entre líderes religiosos del país, quienes rechazaron el proyecto, pues pretende imponer unos patrones religiosos al pueblo.

“Eso viola todos los derechos civiles que tiene la gente porque a la gente tú no le puedes forzar una religión particular... Sería una prohibición de tipo religiosa fundamentalista. Las personas tienen que tomar sus propias decisiones y para eso no se legisla, se educa”, sostuvo el obispo episcopal David Álvarez.

“El Estado no puede imponer una religión particular sobre la ciudadanía. El Viernes Santo, para la Iglesia Episcopal, es un día de ayuno y abstinencia, pero esa es la disciplina interna de la iglesia, no puedo convertirlo en la ley para todo el mundo”, añadió el religioso.

El legislador sustenta el proyecto, el cual radicó por petición, en los resultados de un estudio realizado por el Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life, el cual sostiene que el 97% de los habitantes en Puerto Rico profesa la fe cristiana.

“Un día al año que no se fomente el consumo de bebidas alcohólicas en Puerto Rico no nos hará caer en una hecatombe de dimensiones catastróficas”, dice un fragmento del proyecto.

Las personas que operen un negocio o hasta una casa o apartamento para alquiler y permitiesen la venta y consumo de alcohol incurrirían en delito menos grave y podrían ser sancionados con una multa de $5,000 o pena de cárcel.

Para el obispo Felipe Lozada, de la Iglesia Luterana, le llamó la atención el proyecto, pero entiende que este no resolvería nada.

“No se puede imponer. La cuestión es la voluntad de las personas de respetar el Viernes Santo y todos los días. No le veo razón a la legislación tal y como está. Nosotros llamamos al acto de conciencia de cada persona y que ella tome las decisiones correctas”, señaló Lozada.

Mientras, la directora ejecutiva del Proyecto Matria, la licenciada Amárilis Pagán, enfatizó en la separación de Iglesia y Estado, la cual claramente sería violentada con una medida de esta magnitud.

“Ese proyecto habla muy mal del legislador porque indica que él está ocupando un puesto sin conocer ni siquiera la Constitución que establece un estado laico. Denota además que desconoce su propio país y no sabe que no solo viven cristianos, sino gente de otras denominaciones y gente, inclusive, que es atea”, argumentó sobre la exposición de motivos.

Sostuvo además que Torres está “desperdiciando el dinero del pueblo porque eso no pasaría ni siquiera un cedazo constitucional”.

Primera Hora intentó comunicarse con Torres, pero fue imposible.