Funcionarios del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Salud realizaron este martes un operativo en varios negocios ubicados en el centro de Río Piedras para incautar medicamentos recetados que se venden en esos lugares sin cumplir con la reglamentación vigente.

Las intervenciones que se llevaron a cabo de forma simultánea en cinco comercios produjo ocho avisos de infracción por parte del DACO por violaciones a los reglamentos contra prácticas y anuncios engañosos y el de calidad y seguridad. Asimismo, provocó que funcionarios de la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (Sarafs), adscrita al Departamento de Salud, embargaran un total de 471 tipos de medicamento que no cumplían con lo expuesto en el Reglamento 142 y la Ley 247 del 3 de septiembre de 2004, mejor conocida como la Ley de Farmacia.

El Reglamento 142 regula la operación de los establecimientos dedicados a la manufactura, distribución y dispensación de medicamentos, mientras el estatuto legal reglamenta esta profesión.

“Nosotros llevamos varios meses levantando inteligencia con la FDA y con el Departamento de Salud, verificando qué locales o qué negocios ambulantes se encuentran vendiendo medicinas, no productos naturales, medicinas sin tener las certificaciones del Departamento de Salud. Sin cumplir con los reglamentos de la FDA, que necesitan tener la aprobación de las medicinas en Puerto Rico, y sin cumplir con los reglamentos del DACO”, explicó el secretario del DACO, Nery Adames, quien lideró la inspección sorpresa.

Durante la intervención, a la que fueron invitados los medios de comunicación, se pudo observar cómo los agentes de Salud y de la FDA recogían medicamentos para tratar condiciones como la disfunción eréctil, antibióticos, pastillas anticonceptivas y antifungales. También se incautaron jarabes manufacturados en República Dominicana e inyectables de las vitaminas B6 y B12.

De hecho, la secretaria de Salud, Ana Ríus Armendáriz, se mostró preocupada por los efectos nocivos que podrían provocar los medicamentos que fueron incautados dado que no se tiene certeza de los controles que se hayan seguido al momento de manufacturarlos.

“Con la ampicilina, por ejemplo, no se sabe cómo está manejada, cuál es el contenido, si el medicamento contiene los milígramos que la persona necesita para su tratamiento. Tampoco se sabe dónde fue manufacturado… No hay control en la manufactura. Además, si se lo vende a cualquier persona tienen que tener en cuenta que hay muchas personas alérgicas a la penicilina, que serían alérgicos a este medicamento”, explicó Ríus Armendáriz, que acompañó a Adames durante el recorrido.

Por su parte, el director de la Oficina de Investigaciones de la FDA, Ramón Hernández, indicó que la oficina que dirige se encuentra en el proceso de delinear cómo estos medicamentos llegan a Puerto Rico.

“Estamos desarrollando la inteligencia paras descubrir cómo llegan a la Isla. Ya sabemos que los distribuyen en la Isla y estamos empezando de aquí hacia atrás. Ellos (los importadores) deben cumplir con unos requerimientos de importación que nosotros manejamos, (que) tienen que estar aprobados por la FDA y los manufactureros tienen que estar registrados con la FDA”, declaró Hernández.

Desconcierto entre los comerciantes

Este medio fue testigo de la molestia y el desconcierto de algunos de los dueños de los quioscos intervenidos. En uno de ellos, ubicado en la plaza de mercado Rafael Hernández, un hombre que se identificó como Julián, aunque la empleada que atendía su quiosco lo llamó por el nombre de Luis, señaló que no quería hablar con los medios, mientras se mantuvo en una esquina hablando por un celular.

En otro quiosco, localizado en la esquina de las calles José de Diego y Camelia Soto, la comerciante Miledy del Río señaló que el operativo la había tomado por sorpresa, pero indicó que estaba tranquila porque entendía que no estaba haciendo nada ilegal.

“Me sorprende porque no sabíamos, pero ellos están haciendo su trabajo. Ellos llegaron, la oficial se identificó y me dijo que iba a hacer un trabajo. Yo le dije: ‘Pues, claro’”, declaró la dueña del puesto que además de medicamentos y productos para el cabello, vendía gorras.

La mujer indicó que el gobierno nunca le ha dicho lo que pueden o no pueden vender y agregó que no temía que le sucediera nada malo. “No, no, no. ¿Por qué? Yo no debo nada. Ellos incautarán los productos. Si tú has matado a nadie, no tienes por qué temer”, puntualizó la vendedora ambulante, quien estimó que lleva unos 18 años con su puesto.