Cerca de una veintena de organizaciones, grupos comunitarios y residentes en zonas aledañas al proyecto del gasoducto, afectados por su construcción, notificaron al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unido su intención de demandarlos por serias y crasas violaciones a leyes federales.

En la carta enviada al Cuerpo de Ingenieros los grupos perjudicados declararon que “ante la amenaza de daño irreparable a numerosas especies en peligro, notificamos nuestra intención de incoar una demanda ciudadana”.

Los demandantes denunciaron que al otorgar el permiso para la construcción del gasoducto, el Cuerpo de Ingenieros incumplió con sus obligaciones bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

La notificación activa el término de 60 días que la ley otorga al Cuerpo de Ingenieros para responder y atender los señalamientos mencionados en la carta de intención.

Según se indica en la carta “a pesar de que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (USFWS) determinó que en la zona del proyecto existen sobre 40 especies, sólo se llevó a cabo el procedimiento de consulta formal para tres  especies: la boa puertorriqueña, el guaraguao y el halcón de sierra.  Para el resto de las especies de flora y fauna a lo largo de las 92 millas del proyecto, el Cuerpo de Ingenieros determinó que “no afecta” o “no habría afecto adverso”.

Los demandantes entienden que éste análisis demuestra falta de profundidad y consideración a medidas de mitigación para 38 especies de animales y plantas.

El grupo de demandantes incluye prestigiosas organizaciones como el Sierra Club, el Center for Biological Diversity, Ciudadanos del Karso, la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña, la Federación Espeleológica de Puerto Rico, Comité Utuadeño contra el Gasoducto, Vegabajeños Impulsando un Desarrollo Ambiental Sustentable, otros grupos comunitarios, ciudadanos y  vecinos afectados por el nefasto proyecto.

Los demandantes exigen al Cuerpo de Ingenieros que cumpla con las leyes que lo rigen y no permita que el proyecto del gasoducto ponga en riesgo la existencia de estas especies, el balance ecológico de la Isla y la vida de todos los puertorriqueños.

Los perjudicados son representados por abogados de las clínicas de Derecho Ambiental de la Escuela de Derecho de Vermont, la Universidad de Puerto Rico, Servicios Legales de Puerto Rico y el abogado Rafael Espasas.