La senadora Rossana López León, presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado, se reunió hoy, miércoles, en el Capitolio con un grupo de pacientes de salud mental inconforme con los servicios de las clínicas de la aseguradora APS Health Care.

Los pacientes y sus familiares le pidieron ayuda a la legisladora para continuar recibiendo tratamiento bajo la supervision de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), en los programas de San Patricio, en Guaynabo y en el Hospital Pediátrico, del Centro Médico, en Río Piedras.

“Esto es parte de la gran cantidad de pacientes que se han acercado a nosotros. Varios de ellos tuvieron que salir de los servicios de APS a raíz de que se combinan las clínicas de niños con adultos”, dijo la senadora, quien se reunió con los pacientes en el salón de audiencias Héctor Martínez, que ubica en el edificio Luis A. Ferré, en el Capitolio.

López León indicó que también ha recibido quejas de que APS le está negando los medicamentos a los niños.

“APS se podrá defender y decir que ellos están dando los servicios para los cuales fueron contratados, pero lo mejor que tenemos son las personas que recibieron el servicio, los pacientes que den un testimonio. Lo que queremos es saber si está cumpliendo y como sabemos que no se está cumpliendo a cabalidad con dicha contratación, pues cuáles son los remedios que tenemos como administración”, dijo el portavoz de la mayoría popular en el Senado, José Aníbal Torres, quien acompañó a la senadora al inicio de la reunión.

Eugenio Zabala, cuyo nieto de 11 años, está diagnosticado con hiperactividad y está medicado, dijo que en el Pediátrico le quieren “fragmentar los servicios y cambiar la medicación” al niño.

"Estamos en un constante limbo porque dicen que van a remover los servicios a una oficina de APS", afirmó.

Una paciente que se identificó como Norma Ramírez Hernández, residente de Río Piedras, relató que recibió tratamiento en una clínica de APS en Santurce durante tres años y no había sicólogos, trabajadores sociales ni manejadores de casos. “Llegué mal y me fui peor”, indicó la paciente, quien dijo que la trataban “como un número más”.

“A veces llegaba a las 3:00 de la mañana para coger un número y a las 11:00 llegaba el psiquiatra. Siempre había un revolú. Me llamaban y ya casi mi receta estaba hecha. Lo único que me daban era una receta”, dijo la mujer quien dijo sufre de depresión.

Ahora en Assmca dice que el servicio es distinto, agregó.

“Me tratan como en familia, me llaman por mi nombre, soy bien importante. Todo el personal es bien  bueno y tengo muchas amistades”, planteó para agregar que en una escala del 1 al 10, le daría “cero” a APS.

Otra paciente, Carmen Lydia González, del residencial Luis Llorens Torres relató que mientras estuvo en tratamiento en la clínica de APS, en Santurce, no le fue “tan bien” porque solamente había un había un social, un manejador de casos. Sólo me daban la receta de las pastillas. Me gusta más Assmca porque nos ayudan a reponernos, hay major calidad del servicio y tratamiento”, sostuvo.

Otro paciente, Gerardo Rivera dijo que anteriormente vivía en Ponce y recibía los servicios de APS, pero el siquiatra iba solo una vez al mes. “Yo vivía solo y por la condición que uno tiene mucha gente no quiere hacer amistad con uno. Lo que quería era tener un servicio en el que aunque sea una vez a la semana uno pueda reunirse como antes en los hospitales de psiquiatría que hasta hacíamos chistes y eso funciona. Eso lo tenemos ahora en San Patricio y lo que queremos es que se mantengan esos servicios”, indicó.

Durante la reunión, López León les habló a los pacientes sobre el informe preliminar de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana que administra los centros de servicios de salud mental como parte de reforma de salud y Economía Social que reveló que desde 2010 APS ha facturado cerca de $432 millones al gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) para servir a 1.6 millones de pacientes, pero sólo ha atendido anualmente el 10 por ciento de éstos.

Los hallazgos del informe revelan también que la Administración de Seguros de Salud (ASES) no ha fiscalizado adecuadamente a la empresa, que desde 2010 es el proveedor único de los servicios de salud mental bajo la reforma de salud del gobierno.