Mientras el mundo está pendiente al maltrato de niños inmigrantes por el gobierno estadounidense, el Comité Timón del Pleito de Clase de Educación Especial denunció varias medidas legislativas que causarían “daño inmediato y potencial” a los niños más vulnerables del país.

En un comunicado de prensa, las portavoces del Comité -Carmen Warren, Jinnette Morales y Joyce M. Dávila- denunciaron las siguientes medidas de la Legislatura:

1.     El recorte de $78 millones al presupuesto de educación especial, que va a perjudicar aproximadamente a 140,000 niños al eliminar terapias, servicios relacionados y transportación, entre otros.

2.     El proyecto de ley (PC 1303), que pretende obligar a vacunar a los niños, aunque sus padres se opongan por razones médicas o religiosas, y excluir el derecho al consentimiento informado. Esta medida se ha logrado debido al cabildeo de las farmacéuticas y grupos de interés, a través de los medios noticiosos.

1.     El proyecto de ley (PC 1484), que elimina la Ley 51 y resta derechos adquiridos a nuestra población de educación especial. “Solicitamos que el gobernador vete esta medida, ya aprobada en la Cámara”, indicaron.

El Comité y organizaciones aliadas que defienden a la niñez en Puerto Rico,  señalaron que la Asamblea Legislativa “está tomando decisiones que maltratan a los niños en Puerto Rico, y entre los niños, a los más vulnerables”.

Esta alianza de organizaciones, que luchan por la defensa de los derechos de los niños, y muchos profesionales que trabajan con la población especial, están intentando que los legisladores tomen conciencia y eviten más daño a nuestra niñez.

Asimismo, anunciaron que el domingo 24 de junio a partir de las 4:00 pm habrá una manifestación y vigilia, en el lado norte del Capitolio. “Son 140,000 niños del Programa de Educación Especial, que se afectan con estos proyectos y se quedarían sin evaluaciones apropiadas, terapias y transportación, entre otros servicios esenciales afectados por estos recortes”, indica el comunicado.

Por otro lado, el PC 1303 aprueba la vacunación forzada, sin tomar en cuenta el riesgo a la salud de los niños ni la oposición de los padres.  “Nos rehusamos a que vacunen a nuestros hijos sin nuestro consentimiento. Los padres tenemos el derecho a ser informados de los riesgos que conlleva todo tratamiento médico; incluyendo las vacunas, y a tomar una decisión informada. Si pasamos por el proceso de solicitar una exención, es porque tenemos una preocupación genuina y no se puede imponer una vacuna o tratamiento que puede dañar a nuestros hijos”, añade la comunicación.

“Parece mentira que no se indignen con el daño que le quieren hacer a la niñez puertorriqueña. No podemos permitir, que la Asamblea Legislativa maltrate a los niños puertorriqueños más vulnerables; igual que se ha hecho con los niños inmigrantes en EE.UU”, concluye el manifiesto también suscrito por la Alianza de Autismo de Puerto Rico, el Movimiento por la Niñez y la Escuela Pública, Movimiento SOS para los Niños de Educación Especial, la Asociación de Profesionales y Proveedores de Servicios de Terapia, la Organización Puertorriqueña de Profesionales del Habla-Lenguaje y Audiólogos (OPPHLA), la Federación de Maestros y UNETE.