El lío de los tres alcaldes que se fueron a disparar al Polígono de Tiro de la Policía sin tener licencia de armas, le dio pistas a las autoridades para descubrir un posible fraude de fondos públicos.

Al menos así se desprende de una sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre el pedido de información que hiciera la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente de datos sobre cuentas bancarias privadas.

El Tribunal de Primera Instancia de Bayamón denegó el pedido del Panel del FEI sin realizar una vista al respecto. Pero el Panel acudió al foro apelativo diciendo que había surgido nueva información que levantaba sospechas y que por lo tanto necesitaban más información.

Se trata del caso de los alcaldes de Cataño, José Rosario; de Corozal, Sergio Torres; y Toa Alta, Clemente Agosto, quienes son parte de una pesquisa por disparar sin autorización en una actividad realizada con fondos públicos en la que había bebidas alcohólicas y en presencia de niños.

Mientras el Panel del FEI miraban con lupa el incidente ocurrido el 16 de mayo de 2015, algo más salió a relucir, por lo que solicitaron datos de las cuentas debido a la “alta probabilidad” de que fondos públicos se hubiesen desviado a entidades y personas privadas.

El senador novoprogresista José Enrique “Quiquito”Meléndez elogió la labor del Panel.

“Ante los múltiples casos de corrupción que han destacado al actual gobierno en los últimos años es importante que se le de paso a cualquier investigación que este en curso. El no atenderlos laceraría aún más la imagen de nuestro sistema de justicia y crearía más desconfianza en nuestro pueblo”, declaró.

Aunque en la sentencia del Tribunal de Apelaciones no se desprenden detalles sobre el posible esquema de desvío de fondos públicos, se establece que está directamente relacionado con la pesquisa inicial por la “coincidencia de uno de los funcionarios investigados, un municipio y acciones relacionadas a fondos públicos”.

Incluso en la sentencia regañan regaña al Tribunal de Primera Instancia por no decidir que no iban a conceder la orden de entrega de documentos, sin hacer una vista judicial, lo que dio paso a que se divulgaran más datos de los necesarios.

“La vista pudo haber permitido que menos información relacionada con la investigación criminal confidencial estuviera expuesta al público”, reza el escrito.

Con el voto disidente de Ivelisse Dominguez Irizarry, los jueces Gerardo Flores García y Giselle Romero García ordenaron que el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón resuelva el asunto de la petición de datos.