Patricia Cromley Álvarez, quien estuvo a cargo del Directorado de Planificación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), afirmó hoy, viernes, que los proyectos de energía renovable impulsados por el exvicepresidente de la Junta de Gobierno, José Pérez Canabal, no requirieron una inversión de fondos públicos.

Por el contrario, como parte de la aprobación de dichos proyectos la corporación pública exigió una fianza para imprimirle a las iniciativas un elemento de confiabilidad, reconoció Cromley Álvarez.

Ante la jueza Gisela Alfonso Fernández, del Tribunal de San Juan, la testigo apuntó que el desembolso de dinero público se contemplaba en la etapa de compra de energía, después que la empresa construyera su planta de energía renovable mediante un mecanismo de financiamiento propio.

Relacionadas

Las declaraciones se produjeron durante el quinto día de la vista para determinar si hay causa para arresto en alzada contra Pérez Canabal, su contable Roberto Torres Torres y el abogado Francisco Santos Rivera, del Directorado de Asuntos Jurídicos de la corporación pública. Al trío enfrenta se le imputa intervenir de forma indebida en operaciones gubernamentales al participar en un alegado esquema de fraude para otorgar contratos de energía renovable ente junio del 2011 a mayo del 2012.

Cromley Álvarez no recordó el monto de la fianza que pagó la compañía Tropical Solar Farm, pero documentos admitidos como evidencia de la defensa consignan que pagó una fianza de $200,000 no reembolsable al momento de firmar el contrato.

"¿Tropical Solar Farm tiene un contrato, pero al día de hoy no ha construido su planta?", preguntó el licenciado José Andreu Fuentes, quien representa a Pérez Canabal.

"No (ha construido la planta)", respondió la testigo.

"¿La AEE no ha desembolsado dinero?", continuó el letrado.

"No", contestó Cromley Álvarez.

Durante el contrainterrogatorio de la defensa, la testigo reconoció que los contratos estipulaban que las empresas venderían sus créditos federales por energía renovable a la AEE, una acción que debía ayudar a la corporación pública a evitar las multas de la Agencia Federal de Protección Ambiental.

El gobierno federal, según trascendió en la vista, concede créditos a proyectos de energía renovable que reducen las emisiones de carbono al aire.

Cromley Álvarez aceptó que en algunas áreas de la AEE existía resistencia a los proyectos de energía renovable y que Tropical Solar Farm siguió un trámite similar a los otros 12 proyectos de energía renovable aprobados durante su incumbencia en el Directorado de Planificación.

En torno a las cartas de entendimiento o contratos "Master's" que la AEE concedió a proyectos de energía renovable que deseaban beneficiarse de los fondos ARRA, dijo que estos acuerdos no comprometían a la corporación pública y que solo consignaban su voluntad a considerar el proyecto, si se construía finalmente alguna instalación.

Señaló que aunque no existía un compromiso para conectar esos proyectos al sistema de la AEE, en los contratos se estableció de antemano un precio de compra de energía que era favorable para la AEE, de materializarse las propuestas.

Pese a que la testigo trató de distanciarse de La Fortaleza, o de comunicaciones entre la alta gerencia de la corporación y la mansión ejecutiva durante la incumbencia de Luis Fortuño, admitió que el 5 de diciembre de 2011 recibió un correo electrónico de Larry Marini, asesor de energía y ambiente del entonces gobernador.

En esa misiva, dirigida a la testigo, así como a su ayudante Adrián, Volcy; a Pérez Canabal, a Otoniel Cruz, exdirector ejecutivo de la AEE; a José Valenzuela, asesor de la Fortaleza, y a José Perez Riera, secretario de Desarrollo Económico, Marini endosó la propuesta para realizar cartas de entendimiento que facilitaran la obtención de los fondos ARRA, cuya vigencia expiraba a finales de ese diciembre.

Tres días después de esta comunicación, Pérez Canabal, quien presidía el Comité de Planificación, Estrategia y Energía Renovable y también presidía interinamente la Junta de Gobierno, convocó al cuerpo rector a un referéndum por teléfono para aprobar una resolución que dio vida a los contratos Master's.

Esa resolución se aprobó sin objeciones, según leyó la testigo del documento.

"¿Esa resolución no le costaba nada al pueblo de Puerto Rico?", preguntó Andreu Fuentes.

"No", respondió Cromley Álvarez.

Luego, a preguntas de la licenciada Ana González Cabrera, quien representa a Torres Torres, la ingeniera admitió que concedió dos endosos al proyecto Tropical Solar Farm.

El endoso, condicionado a la aprobación del Directorado de Generación, lo otorgó el 19 de octubre de 2011.

El otro endoso, sin restricciones, lo otorgó el 22 de septiembre de 2011.

"Ni lo recordaba", apuntó sobre el endoso del 22 de septiembre.

En el redirecto de la fiscal Vilmary Rodríguez Pardo, la testigo reiteró que Pérez Canabal dio un seguimiento constante al proyecto de Tropical Solar Farm y que le otorgó un endoso condicionado por dicha presión, pero no mencionó ninguna razón técnica o legal para oponerse a la iniciativa.

La vista sigue el próximo lunes, a las 2:00 p.m.