El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, cuestionó hoy, viernes, disposiciones de la Ley de Recuperación de las Corporaciones Públicas que firmaría en cualquier momento el gobernador Alejandro García Padilla y anticipó que el estatuto va a ser impugnado en los tribunales.

"No tengo duda de que esta ley va a acabar en los tribunales", dijo Pierluisi después de una reunión del Directorio del PNP, al sugerir que la ley no garantiza trato justo para los acreedores de las corporaciones.

"Hay clasificaciones de acreedores que van a traer problemas...se tienen que tratar a todos de forma justa y razonable", sostuvo Pierluisi, flanqueado del exgobernador Carlos Romero Barceló y otros líderes del PNP.

En conferencia de prensa efectuada en la sede de la colectividad política, en Hato Rey, Pierluisi dijo que al considerar una reestructuración de la deuda de las corporaciones públicas, se debió proceder con un proceso ponderado de análisis, no con una ley aprobada en las cámaras en menos de 24 horas.

Según Pierluisi, esa ley otorga "poderes nunca antes vistos al gobernador como nombrar a un administrador de emergencia" y sacar a los miembros de las juntas para nombrar otros nuevos, sin mediación de confirmación del Senado.

"Es una ley compleja que lo que va a generar es afectar el buen nombre y el crédito de Puerto Rico", sentenció al recordar que hace meses advirtió sobre esa iniciativa de reestructuración en otra rueda de prensa en la sede del PNP, mientras la administración de García Padilla lo negaba.

Cuestionó también al Gobierno por no explicar si trataron de renegociar los términos de las emisiones de bonos, antes de encaminar la polémica ley. Además, alegó que "el precio de los bonos está cayendo como resultado de este proceder irresponsable de esta administración".

Sobre otra parte de la ley, Pierluisi dijo que "el segundo capítulo es prácticamente una liquidación, que supone vendar activos", entre otras iniciativas, por lo que, aunque se niega, sin duda se trata de una ley de "quiebra criolla" para las corporaciones públicas.

 Romero Barceló, por su parte, tronó contra la administración de García Padilla y tildó la acción de aprobar el citado estatuto como una "falta de respeto al País", donde no hubo participación democrática.