Los $1,200 millones en fondos federales asignados para mantener la Reforma de Salud a través de la ley conocida como Obamacare, se acabarán entre diciembre del próximo año y marzo de 2018. 

Sin embargo, la urgencia está a la vuelta de la esquina porque esos fondos no van a llegar a menos que el gobierno de Puerto Rico desembolse un pareo y ante la perspectiva de que en febrero se podría acabar el dinero del Gobierno, la situación es grave dijo Ricardo Rivera Cardona, director de la Administración de Seguros de Salud (ASES).

“No importa cuánto dinero queda del Obamacare, si no hay paridad de fondos a nivel local no pueden accesar al dinero federal. Esto es algo que me preocupa... a corto plazo”, sentenció durante las vistas de transición.

El funcionario detalló una serie de medidas que se han tomado para tratar de estirar lo más posible el uso que se le da a los fondos federales y, en esa lucha, se dieron cuenta de que las aseguradoras que dan servicios a la Reforma de Salud estaban cobrando $130 millones, pero en realidad debían cobrar $6 millones, lo que implica una sobrefacturación de $124 millones. Rivera Cardona no identificó cuáles fueron esas aseguradoras que cobraron de más al Gobierno.

Otro hallazgo que se corrigió fue el del pago por personas que ya habían fallecido o que se mudaron. En esa partida se llegaron a ir $20 millones.

También descubrieron que se gastaban $30 millones en “superutilizadores” del plan y vieron que eran personas solas, sin acceso a médicos primarios y con muchos problemas de salud que iban para todo a las salas de emergencias. Se tuvo que elaborar un plan de intervención para corregir y ayudar a esas personas, dijo.

Ahora buscan resolver el gasto en insulina, el medicamento más usado por los pacientes de reforma y uno de los más caros.

Según el funcionario, si se logra cambiar el sistema a uno más preventivo, el Gobierno se ahorraría hasta $40 millones anuales en servicios.

Mientras, en horas de la mañana, la secretaria de Salud Ana Ríus tuvo una nueva oportunidad de defender a capa y espada la compra de un helicóptero que servirá de ambulancia aérea a un costo de $7.8 millones. A su juicio la inversión es “un legado al pueblo de Puerto Rico” que se recupera en menos de tres años. Además, la agencia no estará sujeta a vaivenes de imposición de tarifas por parte de la empresa Aeromed, que antes tenía el contrato de servicio médico aéreo, ni a sus decisiones arbitrarias de “elevar la nave” o no, indicó Rius.

Luis Cruz Batista , director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, indicó que el dinero salió de un fondo que por ley sólo se puede usar para la compra de equipo de seguridad.