“La pena de muerte sencillamente está mal. Y no hay que adornar mucho el análisis”, sentenció el senador Miguel Pereira durante la asamblea de la Coalición Mundial en Contra de la Pena de Muerte, celebrada ayer en la sede del Colegio de Abogados y Abogadas en San Juan (CAPR).

Pereira, quien no temió divulgar que cuando joven favorecía el castigo capital, compartió el panel inaugural con el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, y representantes de organizaciones abolicionistas en la cuenca del Caribe.

“Si no funciona como un disuasivo, si está llena de errores judiciales, si no es más eficiente en términos de dinero, ¿por qué se insiste en imponer la pena de muerte?”, cuestionó Pereira durante su ponencia ante delegados de 22 países como República Democrática del Congo, Surinam, Francia, Inglaterra y Estados Unidos.

Por su parte, Pierluisi explicó que su postura en contra de la pena capital se mantuvo incluso cuando el crimen azotó directamente a su familia.

 “Al mismo tiempo en que fungía como secretario de Justicia de Puerto Rico, encargado de investigar y procesar a los criminales en la Isla, mi hermano menor murió víctima de un crimen violento. Esa pérdida irreparable que sufrió mi familia, y todo Puerto Rico porque él también era un alto funcionario, sirvió para afianzar mis objeciones a la pena de muerte”, manifestó el comisionado. “Así lo expresé en aquel duro momento y mi posición continúa siendo la misma”, sostuvo.

Castigo costoso y derrotista

Tanto Pereira como Pierluisi agregaron argumentos prácticos a las objeciones morales y filosóficas en contra de que el Estado opere como verdugo. “Todos los estados que han adoptado la pena de muerte tienen tasas de asesinatos mayores a los que la prohíben”, informó Pierluisi.

 Según las estadísticas del Negociado federal de Investigaciones (FBI), que presentó Pereira, en los 17 estados sin pena capital, hay 4.9 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Esa proporción se dispara a 9.2 en el caso de los estados que ejecutan reos. El Caribe también es un espejo de esta paradoja. Un ejemplo concreto es Trinidad y Tobago, donde coexiste la pena capital con un aumento de 75% en los asesinatos, precisó Parvais Jabbar, director ejecutivo de Death Penalty Project.

Los panelistas también hicieron hincapié en que es un mito que mantener a un confinado preso hasta su muerte sea más costoso que matarlo. Tan sólo en California, la pena capital cuesta $150 millones por encima de lo que cuesta condenar a un reo a vida en prisión sin posibilidad de libertad condicionada, según datos provistos por la Coalición. A juicio de Pereira, la ejecución por parte del Estado es una declaración de impotencia. “No sé qué vamos a hacer contigo así que vamos a matarte. Eso está mal”, expresó.

Urgen a propagar el mensaje

Ante la realidad de que exponer estos puntos ante una audiencia abolicionista era como “predicarle al coro”, el exsecretario de Corrección instó a los presentes a llevar el mensaje fuera del círculo de activistas.

“Vamos a hablar con personas que todavía creen en este barbarismo”, exhortó antes de partir para asistir a la sesión del Senado. “La pena de muerte es un error jurídico, es un error social. Es una consecuencia de satisfacer un sentido de venganza. Y la venganza te hace sentir bien, pero no soluciona nada”, advirtió.

En el panel también participaron el abogado Carmelo Campos Cruz y Leela Ramdeen, de la organización Gran Caribe por la Vida; Parvais Jabbar, director ejecutivo del Death Penalty Project; y Ruth Wijdenbosch, de Parlamentaristas por la Acción Global y vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Surinam.

 Los trabajos de la Coalición se extienden hasta hoy. La sesión se dedicó póstumamente al expresidente del CAPR, Luis Camacho, cuyas exequias se realizarían anoche mismo en la sede.