Antes de determinar si será referido a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, el presidente de ese cuerpo, Jaime Perelló, esperará por que el Departamento de Justicia y la Policía le informen los motivos por los que, en el 2011, se archivó un caso contra el representante Rafael "June" Rivera Ortega en el que supuestamente fue arrestado tras causar un accidente vial en estado de embriaguez. 

El líder cameral afirmó este jueves que habló con el secretario de Justicia, César Miranda, y el superintendente de la Policía, José Caldero López, para que aclaren "lagunas que solo ellos pueden llenar" en torno a los motivos por los que entonces no se procesó al legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP).

"Para tú cerrar un caso, el oficial tiene que consultarlo con Fiscalía, y esa es la información que hace falta porque no es algo normal... Quien radica el cargo por guiar fuera de los límites que establece la ley de alcohol en la sangre es el Estado, y esa es la información que no se ha visto, y es muy importante", subrayó Perelló en un aparte con la prensa a su salida de la vista pública sobre el presupuesto del Departamento de Justicia.

El presidente de la Cámara de Representantes dijo que se comunicó por teléfono durante la mañana con Rivera Ortega, y lo exhortó a que sea el primero en aclarar toda la situación.

"Hablé con él esta mañana. No le pedí más información de lo que debe estar surgiendo a través de la información que se ha pedido a la Policía y a Justicia, pero sí le expresé que sería muy conveniente que él pudiera explicar muchas cosas que no se han explicado públicamente", señaló.

Rivera Ortega ha reconocido su participación en el accidente, y admitió que al momento del incidente, había rebasado el límite de alcohol permitido por ley. Aseguró que compareció a todas las citaciones relacionadas con el caso, pero que la otra parte nunca asistió, hasta que los cargos supuestamente prescribieron.

Los hechos, divulgados por la radioemisora Noti Uno 630, ocurrieron a la 1:15 de la madrugada del 24 de diciembre del 2011, en la carretera PR-2, en Toa Baja.

"A nivel del caso, como tal, ya prescribió, pero en caso de la conducta de un legislador, hay cosas que se sostienen, y es lo que debe pasar después de esa investigación", puntualizó Perelló.