El gobierno debe echar a un lado la idea de reducir la jornada laboral en la mayoría de las entidades públicas o de aplicar mayores medidas de austeridad, y debe comenzar a tomar pasos claros y certeros para allanar el camino hacia la negociación de la deuda con sus bonitas y acreedores. 

Así lo afirmó este domingo el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, al criticar ante los jefes del Departamento de Hacienda (DH) y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) que se hable de la posibilidad de establecer más medidas extraordinarias para reducir el gasto público con la intención de cumplir con el pago de las obligaciones del gobierno cuando ya el Ejecutivo ha reconocido desde junio pasado que la deuda es impagable. 

Según el líder cameral, se trata de un doble discurso del Ejecutivo, y opinó que se debe descartar el pago de la deuda del gobierno antes de considerar medidas como la reducción de la jornada laboral, no pagar el Bono de Navidad a los empleados públicos -que no está ahora en los planes de la administración-, o no completar el desembolso de los $300 millones que restan de reintegros y el pago a suplidores.

“El mensaje tiene que ser claro. El mensaje tiene que ser que todas estas acciones (para reducir gastos) son para garantizar la estabilidad, no solamente del gobierno de Puerto Rico, de nuestro país. Debemos empezar a sacar realmente de nuestro vocabulario -si está basado en tratar de pagar lo que no podemos pagar- seguir hablando de reducción de jornada o de cierre de gobierno porque sabemos que, si hacemos eso, sería prácticamente echar para atrás lo que hemos logrado”, manifestó Perelló durante una vista pública de la Comisión cameral de Hacienda. 

“El mensaje está claro: Puerto Rico quiere negociar su deuda, y creo que los acreedores deben recibir el mensaje correcto, no un mensaje hoy y un mensaje mañana. El mensaje es uno: no tenemos suficiente liquidez, no podemos pagar estos vencimientos como están negociados, por eso nos queremos sentar a negociar, pero no vamos a seguir sacrificando la estabilidad y la solidez de todas las familias puertorriqueñas”, añadió.

Al igual que hicieron al semana pasada en el Senado, tanto el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, como el director ejecutivo de la OGP, Luis Cruz Batista, reconocieron que las medidas que ha aplicado el gobierno, así como otras que se vislumbran próximamente, si no mejora el problema de liquidez, son mecanismos “insostenibles” a mediano y largo plazo, y reconocieron que no hay mucho espacio adicional para achicar el gasto del aparato gubernamental.

“Estamos bien claros que los términos de pago que tenemos hoy, no los podemos cumplir y que tenemos que cumplir con nuestros empleados, con nuestros ciudadanos en la prestación de servicios. Lo que hemos hecho como equipo es establecer unos planes de contingencia ante diferentes escenarios”, manifestó Cruz Batista a preguntas del presidente cameral.

Zaragoza, por su parte, dijo que sus proyecciones sobre el flujo de caja reconocen, además del pago de nómina y de los pensionados de $120 millones quincenales, el pago del Bono de Navidad de otros $120 millones, y de los $330 millones en intereses de las obligaciones generales (GO, en inglés) del gobierno que se debe emitir en enero. Esos cálculos no incluyen, sin embargo, la posibilidad de que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) no pueda cumplir con el pago de unos $300 millones al servicio de la deuda en diciembre, de los cuales cerca de $250 millones están garantizados por el gobierno, y por los que tendría que responder Fondo General. 

Zaragoza enfatizó que está obligado por ley a cumplir con el pago de los GO.

De otra parte, Perelló enfatizó que la Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica que se crearía por virtud del Proyecto de la Cámara 2718 no resolvería los problemas inmediatos del gobierno de Puerto Rico, y dijo que su ámbito de acción estaría supeditado a que comience un proceso para renegociar las obligaciones del gobierno.

“Esta discusión de esta junta, que es bien importante, no es una solución mágica. No podemos pensar que con aprobar esta junta, como queremos hacer antes de que termine esta sesión, se resolvió el problema, porque la junta va a estar ahí y se va a activar cuando realmente empiece un proceso de negociación, pero realmente esto es una determinación de todo este esfuerzo, no puede ser para tratar de pagar lo que no podemos pagar”, aseveró.

Lo mismo planteó el representante Rafael Hernández Montañez, presidente de la Comisión de Hacienda, quien adelantó que la medida sufrirá numerosas enmiendas para aclarar las facultades del propuesto organismo y definir los límites de esos poderes. 

“Vamos aprobar un mecanismo de credibilidad, de transparencia y de flujo de información, que es lo que el mercado está pidiendo… Parte está plasmado en el proyecto, pero estamos haciendo unas enmiendas para garantizar esa transparencia en el flujo de información, tanto para las personas en Puerto Rico, quienes quieren invertir en Puerto Rico, como los funcionarios públicos y los que vienen de afuera, para que puedan tener esa información y sepan lo que está ocurriendo en el país”, dijo Hernández Montañez.

Durante la vista, surgieron cuestionamientos sobre la “operabilidad” de la junta de control fiscal según propuesta, limitaciones que, incluso, reconoció el titular de la OGP, quien presentó un minucioso análisis y recomendó múltiples enmiendas para que el organismo pueda funcionar.

A modo de ejemplo, para viabilizar la implementación de la junta, Cruz Batista propuso enmiendas para que se contemple un período transitorio de manera que el análisis del presupuesto del próximo año fiscal no se perjudique, si el nuevo ente no ha comenzado a operar antes del 1 de marzo, como dispone la legislación. 

“Recomendamos evaluar este aspecto y proveer un proceso alterno para atender cualquier desfase en la fechas y requisitos”, puntualizó Cruz Batista.