El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, hizo el jueves un llamado al Ejecutivo y a su equipo económico a evitar alarmar a los ciudadanos con discursos de crisis, en respuesta a la decisión que la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) anunció el miércoles de aplazar la consideración de préstamos para obra pública por el tranque legislativo por el propuesto aumento al impuesto del crudo.

El líder cameral consideró, además, que la amenaza de detener desembolsos de préstamos municipales y gubernamentales ya aprobados ante la negativa de algunos legisladores de votar en favor del proyecto, que elevaría de $9.25 a $15.50 el arbitrio al barril de crudo, es contraria a toda la gestión que se ha realizado desde la Legislatura en los 22 meses que lleva el gobierno del Partido Popular Democrático.

“Me parece que decir en este momento que si no se toma la determinación como el Gobierno la está planteando, de repente, vamos a cerrar el Gobierno de Puerto Rico, estaría dando al traste a todas las decisiones que hemos tomado”, manifestó en un aparte durante una actividad de Acción de Gracias del Boys & Girls Club en el Hotel Caribe Hilton. “Estaríamos estableciendo que todo lo que hemos hecho anteriormente no funcionó”.

El propuesto impuesto serviría para ofrecer liquidez al BGF, que al 31 de octubre contaba con $1,700 millones de activos líquidos, dinero reservado para cartera de préstamos, retiro de depósitos y emergencias entre otros. La medida también ha sido planteada para atender la solvencia operacional de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

Según Perelló, el banco todavía tiene una cantidad de dinero que le permite operar hasta principios del próximo año y, no importa cuándo se tome la decisión, el BGF tendrá que adelantarle dinero a la ACT.

“Este impuesto (al barril de crudo) empieza el 1 de marzo. Las operaciones de diciembre, enero y febrero, incluso hasta marzo, van a tener que ser subsidiadas por el banco. El banco lo que está buscando es un mecanismo de garantía de repago del adelanto de esos $48 o $50 millones”, sostuvo.

El presidente de la Cámara no precisó si el lunes, para cuando se espera que amanezcan cerrados los servicios de transporte colectivo en el área metropolitana, así como la ACT, los legisladores hayan llegado a un acuerdo sobre el arbitrio.

“Sí veo un espacio para lograr una legislación que garantice que, sin importar cuándo empiece definitivamente esa solución definitiva para el asunto de Carreteras y el banco, pueda abrir operaciones la ACT, o que no tenga que cerrar, dándole un mecanismo al banco para que pueda adelantar un dinero, que es lo que tiene que pasar de cualquier forma”, indicó.

A su vez, insistió en que la medida que se apruebe debe ir enmarcada en un nuevo sistema contributivo “que le va a dar alivio a todos los puertorriqueños y es la recompensa al país después de dos años muy difíciles”.