En momentos en que se avista un tranque en la aprobación de proyectos entre ambas cámaras legislativas, el representante popular Luis Raúl Torres reclamó este domingo la pronta aprobación de un proyecto de su autoría que, según dijo, serviría como herramienta para prevenir el maltrato y el abuso sexual contra menores.

El Proyecto de la Cámara 537, que establecería como requisito de admisión en las escuelas públicas y privadas que se presente cada dos años un Certificado de Evaluación Física Óptima, fue aprobado la semana pasada en la Cámara de Representantes de manera unánime tras más de un año de vistas públicas y múltiples enmiendas, y ahora se encuentra ante la consideración del Alto Cuerpo.

Torres, representante por el Distrito 2 de San Juan, se mostró confiado en que la pugna que existe entre la Cámara de Representantes y el Senado en torno al Proyecto de la Cámara 545 no afectará su medida, y aseguró que se comunicó con el presidente senatorial, Eduardo Bhatia, quien supuestamente se comprometió a atender "con prioridad" su pieza legislativa.

"No quiero que esté otro año en el Senado. Este proyecto demanda alta prioridad de consideración en la Legislatura y por el gobernador", indicó Torres durante una conferencia de prensa en su oficina legislativa.

El proyecto obligaría a los padres y madres de un menor a someterlo a un examen cada dos años con un médico pediatra o cualquier otro médico primario que permita identificar alguna señal de maltrato físico o de abuso sexual.

 Si el galeno detectara alguna irregularidad en el estado del niño o adolescente, activaría el protocolo de protección al menor, y notificaría a los progenitores antes de referir el caso ante el Departamento de la Familia (DF).

Funcionarios del DF examinarían el expediente, y determinarían si el caso amerita ser investigado. La agencia también intervendría si el padre o la madre no presentan el certificado médico como dictaría la ley. En esas circunstancias, el personal analizaría si se trata de algún impedimento económico, o si por el contrario, fue intencional o por negligencia.

Advirtió que, de convertirse en ley, quienes incumplan en someter el Certificado de Evaluación Física Óptima cometerían un delito menos grave, sancionable con seis meses de cárcel, multa de $500 o ambas penas.

A juicio de Torres, no deben existir reservas para aprobar el proyecto de ley, pues a través del proceso de evaluación en la Cámara se aclararon algunas disposiciones, como lo que ocurriría en aquellos casos en que los progenitores de un alumno carezcan de un plan médico que cubra las pruebas de salud requeridas.

Señaló que los planes médicos privados, al igual que el programa gubernamental Mi Salud, cubren ese tipo de examen médico, y para los que carecen de un seguro, existen fondos federales que administra el Departamento de la Familia que podrían utilizarse para la prueba.

“Esto va a obligar a los padres a tener más cuidado”, dijo al resaltar que las leyes que existen al presente se aplican luego de que ocurre algún incidente de agresión, y no lo previenen.

“Los padres responsables no deben tener ningún temor de llevar a su hijo a esta evaluación”, enfatizó.

El P. de la C. 545, que extendería una serie de incentivos a las pequeñas y medianas empresas ha desatado una pugna entre las cámaras legislativas, pues el Senado no le ha dado paso en espera, según Bhatia, de un examen sobre la constitucionalidad de la medida.

El liderato de la Cámara de Representantes, incluyendo su presidente, Jaime Perelló, y el portavoz de la mayoría, Charlie Hernández, han reclamado reiteradamente al Senado que apruebe la pieza legislativa.

 Se ha comentado públicamente que, a raíz de la situación, la Cámara no considerará ninguna medida que provenga del Senado hasta que ese cuerpo avale el proyecto en controversia.