El  que haya tenido que revertir el cierre de veintinueve escuelas debe servirle al secretario de Educación para “limpiar la casa”; para identificar quiénes le hicieron quedar mal y sacarlos, dijo ayer la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz.

Díaz sostuvo que lo primero que tiene que hacer el secretario Rafael Román es cancelar el contrato de la compañía Boston Consulting Group, que colaboró con el proceso de clausura de escuelas. Luego,  “tomar acción” contra los funcionarios del Departamento “que se dejaron influir por la Boston”.

“Internamente había un grupo trabajando con Boston Consulting. Esos funcionarios no hicieron la labor como tenían que hacerla”, subrayó la líder de la AMPR, quien anunció que ese organismo no desistirá de la demanda que presentó contra Educación por la forma en que se dio el proceso del cierre de escuelas.

Educación llegó a determinar la clausura de 94 planteles, lo que anunció como un paso definitivo. Las protestas comenzaron de inmediato y tras visitar varias escuelas, Román decidió dejar abiertas 29.

“Tú tienes que sentir cierto grado de satisfacción con eso porque lograste que 29 escuelas se quedaran abiertas. Pero, todavía hay otras que tampoco deben cerrarse”, dijo la líder de los maestros asociados.

La presidenta de la AMPR señaló que el pleito seguirá en pie hasta que no se atienda el reclamo de todas las comunidades que insisten en  no perder sus escuelas.

Educación presentó una moción para que el recurso legal de la Asociación fuera desestimado, pero ayer el juez que ve el caso la declaró “no a lugar”.

La presidenta de la Federación de Maestros, María Elena Lara, también  expresó satisfacción ante el hecho de que casi se duplicará el número de escuelas que ya no tendrán que cerrar sus puertas. Advirtió, sin embargo,  que hay otros planteles que también tienen que ser retirados de esa lista.

En la mayoría de esas escuelas afectadas continúan activos campamentos de padres que insisten en que no es razonable que se clausure la escuela de sus hijos.

“Que se revirtiera el cierre de 29 planteles lo que demuestra es que en la medida que las comunidades se involucran y luchan, sus reclamos son atendidos”, dijo Lara.

Al dar reversa al cierre de varias de las escuelas, también quedó demostrado que a Educación le robaron el dinero de la consultoría, sostuvo.

Las comunidades que todavía insisten en que no se cierren sus planteles escolares se van a manifestar este sábado frente  los portones de La Fortaleza, a partir de las escuelas.

Maestros, padres y estudiantes también estarán abogando porque no se deje sin empleo a miles de maestros a consecuencia de la reorganización escolar.

La presidenta entrante de la Federación, Mercedes Martínez, dijo ayer que la clausura de planteles va a provocar que unos dos mil maestros sean declarados “excedentes”.

Como se trata de empleados de carrera en su mayoría, y los tienen que reubicar, los que se van a quedar en la calle son los educares transitorios. De estos hay más de tres mil.

Se anticipa que los maestros “excedentes” serán los de sexto grado, porque muchos estudiantes de ese grado los van a pasar a la Intermedia. Según Martínez, allí los atenderán otros maestros, que son del nivel intermedio.

¿Y qué pasa con los edificios abandonados?

Las escuelas que ya no fungirán como tal podrán ser utilizadas por el propio Departamento en otras funciones.

También pueden pasar a manos de  instituciones sin fines de lucro o a los gobiernos municipales que las soliciten, explicó Educación.

El Departamento no es dueño de ninguna de las instalaciones. Les pertenecen a Edificios Públicos o al Departamento de Transportación y Obras Públicas.

Cuando Educación cierra una escuela debe informárselo a las agencias mencionadas.  El Departamento puede  endosar alguna  transferencia, pero son el DTOP y Edificios Públicos los que deciden el nuevo uso que se le dará a la estructura, si alquila o se vende.

Edificios Públicos informó ayer que no tiene ningún plantel en esta nueva ronda de cierres.