El presidente del opositor Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, solicitó hoy a la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico que evalúe el manejo del Gobierno de la isla de la catástrofe causada por el huracán María, por, presuntamente, violar los derechos humanos de los puertorriqueños.

El martes un estudio de la Universidad George Washington (GWU) encargado por las autoridades de Puerto Rico elevó a 2.975 personas el número de muertos como consecuencia del huracán, después de que durante varios meses el ejecutivo local estableciera la cifra oficial en 64.

"Le estoy solicitando a la Comisión de Derechos Civiles que inicie una investigación sobre la política pública, prácticas y protocolos gubernamentales, así como el incumplimiento del Gobierno, que dieron base a que no se alertara a tiempo a todas las agencias gubernamentales estatales y federales, a la prensa del país y a la ciudadanía en general de la catástrofe provocada por María, y el trágico aumento en muertes en Puerto Rico", dijo Ferrer.

"La Comisión debe encaminar una investigación sobre las violaciones de derechos civiles cometidas y emitir un informe de hallazgos con sus conclusiones", enfatizó el líder popular en un comunicado de prensa.

Según Ferrer, la Comisión de Derechos Civiles está facultada por ley para hacer estudios e investigaciones sobre la vigencia de los derechos fundamentales en Puerto Rico, incluyendo quejas o querellas de ciudadanos sobre violaciones de estos derechos.

El organismo, agregó Ferrer, también puede ordenar la comparecencia y declaración de testigos y la presentación de libros, documentos y otra evidencia mediante subpoena.

En la solicitud, Ferrer hizo un recuento detallado sobre algunos acontecimientos tras el paso del huracán María, y entre algunos de estos, mencionó que para el 3 de octubre, a la llegada del presidente de los EEUU, Donald Trump, a la isla, contabilizó en 16 los muertos, y tras la partida de éste, se elevaron a 34 para finalmente situarse en 64.

"Es importante que la Comisión de Derechos Civiles evalúe como el desconocimiento sobre los protocolos aplicables para casos de emergencias dio pie a la falta de credibilidad, confusión y desconcierto que ha imperado en el país respecto a este tema. No cabe duda de que existieron faltas graves que impidieron la adecuada protección al derecho a la vida", concluyó Ferrer.