El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte Hernández, solicitó este lunes al Controlar Electoral que investigue la actividad de recaudación de fondos que realizó el pasado sábado el grupo político del gobernador Alejandro García Padilla en el Hipódromo El Camarero a una semana de que la Fortaleza enviara a la Legislatura un proyecto a favor de esa entidad.

Aponte Hernández denunció en un comunicado de prensa que, a su juicio, las acciones representan un “pay for play” entre García Padilla y los dueños del hipódromo. Sobre todo, porque el proyecto legislativo radicado ante la Cámara de Representantes supuestamente “perpetua el monopolio” en la industria hípica.

“Es bien irónico que este nefasto proyecto se hubiese radicado el 21 de marzo, alrededor de una semana antes que el gobernador tuviera su actividad de recaudar fondos en el hipódromo. Este proyecto perpetúa el monopolio del actual hipódromo porque ahora, cualquier otra persona o entidad que quisiera desarrollar una facilidad similar, tendrá que cumplir con ambiguos requisitos que establecerá la nueva Junta Hípica. El camino será casi imposible para que se desarrolle la libre competencia”, expresó el también legislador del PNP.

Dijo que la coincidencia es sospechosa, por lo que pidió que el Contralor Electoral investigue si se violentaron leyes de Puerto Rico bajo el supuesto esquema de “pay for play”.

Como reacción a las imputaciones, el secretario del Partido Popular Democrático (PPD), Jorge Suárez, explicó que desde la campaña política, García Padilla se ha reunido con personas de la industria hípica, dueños de caballos, los propietarios del hipódromo, la Compañía de Turismo y el Departamento de Hacienda para ver cómo pueden mejorar esa industria. Dijo que el resultado de múltiples reuniones se plasmó en la medida legislativa radicada.

 “Eso en nada tiene que ver (con la actividad de recaudación de fondos). Por ese local se paga y se alquila. Están equivocados, porque este proyecto no surge a raíz de esto (de la actividad), surge a raíz de reuniones desde la campaña política”, insistió Suárez en entrevista con este diario.

Dijo que no es la primera ocasión que el PPD alquila el local del hipódromo para hacer actividades.

 “El local se alquila como lo puede alquilar cualquier persona. Ese local lo ha utilizado el PPD en más de una ocasión. No sé por qué el argumento. Esto se viene trabajando hace mucho tiempo”, reiteró el funcionario popular.

Específicamente, el proyecto legislativo en controversia es para enmendar "La Ley de la Industria y el Deporte Hípico en Puerto Rico, a los fines de ampliar las definiciones de la ley y las facultades de la Junta Hípica y el Administrador Hípico; modificar el proceso de revisión administrativa ante la Junta Hípica y la revisión judicial de sus determinaciones; revisar las disposiciones relativas a los tipos de licencia que tanto la Junta Hípica como el Administrador Hípico otorgan, así como sus requisitos y facultades; ampliar la capacidad de las empresas operadoras de hipódromos para llegar a acuerdos en torno a las apuestas interestatales y los modos para recibir las apuestas autorizadas y modificar los descuentos que se hacen a las distintas apuestas”.

La medida también deroga el Fondo de Comisión de los Agentes Hípicos para crear el Fondo para el Cobro de Cuentas Incobrables de Agentes Hípicos, así como crea el Fondo de Crianza y Mejoramiento para eliminar los impuestos que se imponen a los premios productos de las apuestas de caballos y los impuestos a la jugada de banca, papeleta, dupleta, exacta, quiniela y otras legalmente autorizadas, impuestos que se sustituyen por otros dispuestos en esta ley, según se lee en su título.

Aponte Hernández afirmó, por su parte, que “el proyecto del gobernador enmienda el artículo 6, al añadirle un nuevo inciso donde claramente establece, por primera vez en nuestra historia, una serie de requisitos para cualquier hipódromo nuevo. No habla de ‘hipódromos’, claramente dice de nuevas facilidades. Entre los nuevos requisitos se encuentran el que él o la aspirante demuestre que tiene ‘inventario suficiente de ejemplares de carrera para sostener la operación independiente de ese hipódromo’. Este lenguaje que es discrecional de la Junta, cuyos miembros son nombrados por el Ejecutivo, es equivalente a perpetuar el monopolio de los amigos del alma del gobernador”.

Según el comunicado de prensa, los costos de los boletos para el evento variaron entre $125 hasta $2,600 por persona, dijo.

“La radicación de esta legislación, que solo beneficia a una parte, sucedió apenas unos días antes de que los administradores del Hipódromo el Camarero auspiciaran el más reciente, el pasado sábado, evento de recaudar fondos para la campaña política de García Padilla. Eso son los hechos, y los mismos son irrefutables. La mera apariencia de un quid-pro-quo esta ahí”, sentenció.