Un mayor control gubernamental sobre el uso de los llamados “four tracks” en las carreteras de Puerto Rico recibió un amplio apoyo en audiencias senatoriales que evalúan dos proyectos dirigidos a ampliar esta reglamentación.

A favor de estos controles comparecieron los departamentos de Recreación y Deportes y el de Transportación y Obras Públicas, y la Comisión de Seguridad en el Tránsito.

La CST propuso a la Legislatura una moratoria en la aprobación de estos proyectos para dar tiempo a un proceso de dialogo similar al que se utilizó para aprobar la ley que reglamenta el uso de motocicletas y que logró el apoyo de distintos sectores relacionados a esta práctica.

También compareció la ciudadana Vanessa Meléndez Figueroa, quien ofreció un emotivo testimonio en contra del uso de estos equipos. Su hermano, Víctor Meléndez Figueroa, fue víctima mortal de un accidente en uno de estos vehículos todoterreno.

Otro de los ponentes, el abogado Francisco González, también se opuso al uso de estos equipos y que si se permiten, que se limiten a áreas designadas. Exhortó a los senadores a que convoquen a estas audiencias a los numerosos dueños de fincas privadas que son invadidas semanalmente por cientos de usuarios de estos vehículos, para que les expongan su experiencia.

“La problemática que representan estos vehículos nos es familiar a todos los que hemos transitado por las calles del país. Nosotros, en el Departamento de Recreación y Deportes, aunque apoyamos el libre disfrute del deporte y la recreación, no puede ser en violación a la ley, a la seguridad y el orden público”, lee la ponencia presentada este martes por el DRD sobre uno de los proyectos.

La agencia apoyó lo que propone el Proyecto del Senado 426 para que solo se permita el uso de estos equipos en las carreteras terciarias del país para moverse de una finca a otra y por no más de cierta distancia. Propuso que se altere lo que propone la medida de que esa apertura se limite a los fines de semana y días feriados en un horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y se cambie al horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y limitado a personas mayores de 18 años.

También avalaron el P del S 86, que propone el registro compulsorio de estos vehículos y establece penalidades por no hacerlo, incluyendo la confiscación de los mismos.

 En su ponencia, José A. Delgado, director de la CST y quien firmó la ponencia enviada al Senado, recordó que su agencia encabezó los trabajos que culminaron en la ley que reglamenta el uso de motocicletas y establece los requisitos de seguridad para manejarlas.

“Para dicho fin tuvimos la oportunidad de convocar una cumbre en donde acudieron colectivos de motociclistas, expertos en seguridad vial, distribuidores, importadores y concesionarios entre otros”, indicó por escrito Delgado.

Agregó que de ese proceso salió la base que sirvió para preparar una legislación de avanzada “que resultó ser fruto de la concertación”, por lo que reclamó una moratoria para “convocar un proceso parecido al que utilizamos con gran éxito en el tema del motociclismo”.

 Mientras tanto, el DTOP, por voz de su secretario interino Antonio Adrover Robles, se opuso a que se permita el tránsito de estos vehículos por las vías públicas, aún para pasar de una finca a otra.

 “Este tipo de vehículo, por su falta de estabilidad y peligrosidad al maniobrar, representa un alto riesgo para la persona que lo conduce, independientemente de su edad y experiencia como conductor”, sostuvo Adrover Robles.

“Por el contrario, la ley debe ser más rigurosa y proveer para que la Policía de Puerto Rico y cualquier agente con autoridad delegada….puedan incautarse y confiscar cualquier vehículo de este tipo que circule por una vía pública, sin estar registrado, sin estar su operador debidamente autorizado y en cualquier otra circunstancia prohibida por ley”, añadió el funcionario.

Meléndez Figueroa les hizo un llamamiento a los legisladores a actuar pronto para evitar más muertes provocadas por accidentes en estos vehículos.

“Nuestro Puerto Rico se sigue desangrando y nuestros líderes políticos se están manchando sus manos con sangre al consentir este tipo de conducta que es contraria a la ley”, planteó, al tiempo que describió como durante la campaña electoral presenció cientos de estos equipos acompañando caravanas de candidatos políticos.

“Lo que deseamos es crear conciencia, porque quizás muchos piensen que ‘eso no me va a suceder a mí’ y cuando la desgracia toca a nuestra puerta solo nos queda este sufrimiento desgarrador, que solo puede sanar con los años”, expresó la ciudadana.

El abogado González afirmó que “son muchos los buenos, y pocos, pero poderosos los malos, y hasta los buenos se vuelven malos cuando invaden propiedades privadas y se envuelven en ese manto de ilegalidad”.

Sobre los vehículos sostuvo que “son útiles en estacionamientos, comercios amplios y grandes edificios. Muy efectivos para la agricultura y actividades de trabajo, pero que se limiten a las propiedades privadas. En ningún caso se les debe permitir en las carreteras ni en fincas privadas sin autorización escrita de sus propietarios”.

 El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transportación, Pedro A. Rodríguez, aclaró que estas audiencias estaban convocadas hace una semana y no por las tres muertes que se registraron durante el pasado fin de semana, incluyendo la de una niña de 9 años de edad en el caserío Manuel A. Pérez.

“Son dos proyectos que se están trabajando y son muy parecidos. Nos vamos a sentar el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, este servidor, presidente de la Comisión y los autores de las medidas (Larry Seilhamer y Ramón Ruiz Nieves) para llevar un solo proyecto”, adelantó Rodríguez.

“Lo importante es meterle mano a esto y resolverlo ya de una vez y por todas”, agregó el senador popular.