El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, pidió ayer a la ex jueza Carmen Ana Pesante que reconsidere su renuncia como presidenta del Comité Ad Hoc de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), que investiga el alegado fraude electoral en Cataño.

Vega Borges dijo que Pesante debe concluir la pesquisa y le solicitó a la presidenta de la CEE, Liza García que convoque a la ex jueza de Apelaciones  a una reunión para discutir el asunto con todos los comisionados electorales.  

“Es lamentable que ella renuncie. Se le pidió a la Presidenta que la cite a la Comisión para que podamos dialogar con ella. Espero que se quede y que concluya todo este proceso para referirlo al Departamento de Justicia”, sentenció el comisionado electoral de la Palma en declaraciones a Primera Hora.

“Lo que hay que hacer es que la Comisión vaya al tribunal y solicite bajo apercibimiento de desacato que los familiares del alcalde vayan y declaren si en verdad vivían en esa residencia porque hay información de que el propietario de esas viviendas dice que no conoce a esas personas que decían que vivían allí. Ahí se refleja que en Cataño sí hubo un fraude en estas elecciones (2012)  y que si no llega a ser por ese fraude El Cano (Félix Delgado, candidato del PNP) hubiera sido el alcalde”, sostuvo Vega Borges.

 El ex alcalde de Toa Baja dijo que la pesquisa sobre el alegado fraude electoral en Guaynabo “se tardó mes y medio y en el caso de Cataño  llevamos cuatro años” y no se ha terminado. 

Agregó  que ha pasado “mucho tiempo y lo que queremos es que Pesante termine y que se refiera eso rápidamente”.

Vega  Borges sostuvo que si Pesante insiste en la renuncia, el expediente “como esté” se debe referir a Justicia.

“Si hubo una vara para el alcalde PNP en Guaynabo, esa misma vara tiene que utilizarse en Cataño”, enfatizó. 

Dijo que la renuncia no lo tomó por sorpresa, pero sí le sorprendió que “a estas alturas” no se haya resuelto esta investigación.

 “Se debe en parte a la habilidad que han tenido los abogados que han dilatado todos los procedimientos”, indicó el Comisionado del PNP.

Vega Borges sostuvo que “de la carta de renuncia de Pesante se refleja que en verdad hubo un fraude”.

  Añadió que por eso entiende que “si ella decide no seguir con ésto, pues que se refiera el caso a Justicia”.

Pesante fue nombrada en el 2012 por el entonces presidente de la CEE, Héctor J. Conty para que encabezara la investigación. 

En su carta de renuncia de siete páginas, con fecha del 21 de agosto,  la profesora y ex jueza del Tribunal de Apelaciones atribuyó  el estancamiento de la investigación a la radicación de múltiples  recursos judiciales y argumentaciones de los abogados de los querellados, Luis R. Santini Gaudier y Héctor Ferrer Ríos.

Pesante resume en la misiva que solicitó el auxilio de la Presidenta de la CEE para acudir a los tribunales y tras un segundo pedido, el caso fue llevado ante los comisionados electorales, pero no hubo consenso.

El asunto volvió a la atención de García, pero la funcionaria no ha actuado.  

García no ha aceptado la renuncia de Pesante. 

Este medio le solicitó una reacción, pero no estuvo disponible.

Por el presunto fraude electoral en Cataño, la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia presentó cargos en 2013 contra dos empleados municipales, un empleado estatal y un comerciante por supuestamente dar información falsa sobre sus domicilios.

Las acusaciones no prosperaron.

 El alcalde José Rosario Meléndez, afiliado al Partido Popular Democrático (PPD), le ganó a Delgado por unos 97 votos en los comicios de 2012.

 En cuanto al caso de  Guaynabo fueron acusadas más de  40 personas, pero la mayoría de los casos  fueron desestimados.       

Las irregularidades, que fueron detectadas en una investigación de El Nuevo Día se relacionaban con la primaria del PNP  de 2012 en la que se determinaría quién sería el candidato a representante del Precinto 7, puesto que se disputaron el entonces incumbente Ángel Pérez y Antonio Soto, quien ganó la candidatura en la votación de su colectividad y eventualmente el escaño legislativo en los comicios generales. 

Se alegaba que los  acusados utilizaron direcciones falsas para favorecer a Soto, quien era el candidato favorecido por el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill. 

Los imputados enfrentaron cargos por perjurio, apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica y archivo de documentos o datos falsos.

La defensa prevaleció en su solicitud de desestimación de los casos bajo el argumento de que no podían ser procesados por el Código Penal sino por la Ley Electoral.