En momentos en que la deuda pública con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se estima en $270 millones, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Carlos Rivas, afirmó hoy que la solución al problema tiene que implementarse de manera integrada, y advirtió que es imprescindible evaluar primero el impacto fiscal que tendría cualquier medida que sea considerada.

Rivas reconoció ante la Comisión senatorial de Asuntos Energéticos y Recursos de Agua que, al culminar el pasado año fiscal, las agencias del gobierno central adeudaban a la AEE por concepto de consumo eléctrico cerca de $61 millones, y de esa cantidad, alrededor del 68% corresponde al Departamento de Educación (DE) y el Departamento de Salud (DS).

Sin embargo, destacó que, si se compara con las corporaciones públicas y los municipios, las obligaciones acumuladas de las agencias no son determinantes en la crisis financiera por la que atraviesa la AEE, y que la ha llevado a negociar sus deudas con sus acreedores.

Rivas explicó que la deuda del DE y el DS asciende en total a unos $44.6 millones, y explicó que ambas entidades públicas, además de su gran tamaño y complejidad operacional, no forman parte del sistema de contabilidad centralizado, mediante el cual es el Departamento de Hacienda (DH) el que maneja directamente el pago de la factura eléctrica de las instrumentalidades gubernamentales.

 "Las cuentas por pagar del gobierno central no constituyen una morosidad extrema e intolerable, aunque representa un 'aging' o período de pago de tres meses y medio o aproximadamente 105 días. Esto se reduce a 60 días si se excluye el DE y el DS", enfatizó el funcionario durante una vista pública sobre las deudas que mantienen las entidades públicas con la AEE y el impacto de los subsidios que concede esa corporación pública.

El titular de la OGP explicó que, aunque el período general de cuentas por pagar del gobierno central es de cerca de tres meses y medio, en el caso de las agencias que no operan bajo el sistema de contabilidad centralizado, el plazo de la deuda pendiente aumenta a cinco meses y medio.

A juicio de Rivas, a base del consumo del Gobierno, que para este año fiscal se estimó en $198 millones, una deuda de $30 millones sería "razonable", y el período pendiente de pago, de 60 días.

“Se puede considerar atender la deuda vieja existente, en particular la del DE y el DS, con un costo aproximado de $30 millones. Claramente, no tenemos los fondos en este presupuesto para abonar a esta deuda que se arrastra del cúmulo de presupuestos anteriores”, indicó el funcionario, quien no descartó la posibilidad de que se apruebe un plan de pago con cargo a futuros presupuestos.

"El sistema de pago del gobierno central no está roto, puede tener unos ajustes en el DE y el DS, pero tienes el resto de las agencias que están a dos meses (de su período de cuentas por pagar). Hay que segmentar el problema para poder atenderlo de la forma correspondiente... La deuda del gobierno central no es ni ha sido lo que ha quebrantado la salud fiscal de la AEE", subrayó Rivas.

Durante el inicio de la vista, el senador popular Ramón Luis Nieves, presidente de la comisión legislativa, precisó que, en junio pasado, la deuda de las corporaciones públicas con la AEE ascendía a $197 millones y la de las agencias del gobierno federal totalizó $8.5 millones. El organismo legislativo maneja cifras provistas por la AEE, y que colocan las obligaciones del gobierno central en $65 millones en lugar de $61 millones.

"Lo justo sería, si lo queremos atender a nivel de política pública, es que se trabaje integradamente dentro de la solución, que haya para municipios y corporaciones también, y se haga una determinación de política pública que no se limite a las agencias", dijo Rivas al asegurar que la deuda no ha aumentado este cuatrienio.

Durante su turno de preguntas, el presidente senatorial, Eduardo Bhatia, fue enfático en que todas las agencias tienen que pagar lo que adeudan, y ordenó al Ejecutivo a establecer un plan de pago. Asimismo, recordó que, durante la consideración del presupuesto cada año, se aprueban fondos para cada entidad pública dirigidos específicamente al pago de las utilidades públicas.

"Los fondos que aprobamos para pagar la luz no son discrecionales. Es hora de poner los puntos sobre las íes. Si las escuelas van a prender la luz y las dejan prendidas, eso hay que pagarlo. Yo le exijo como Asamblea Legislativa que llame al secretario de Educación y a la de Salud, y les diga que tienen que ponerse al día con sus pagos. Que llamen a la autoridad y hagan un plan de pago, y que paguen”, dijo enérgico el líder del Senado.

Rivas, en tanto, expresó que una de las alternativas es que se implante en el DS y el DE el sistema de contabilidad centralizado para que no intervengan en el pago por estos servicios y sea el DH que esté a cargo. No obstante, advirtió que la implementación de ese sistema podría tomar dos años, y su costo podría ascender a "decenas" de millones de dólares.

En el caso del DE, alertó que habría que analizar primero si retener en el DH partidas presupuestarias desde el inicio podría tener un efecto en las asignaciones federales que recibe esa agencia y que requieren un pareo con fondos estatales.

Asimismo, resaltó que cualquier medida que se tome para obligar al pago de la deuda y reducir o eliminar los subsidios de la AEE podría tener un impacto fiscal o económico en las entidades involucradas.

"Si al atender el asunto de la deuda pública con AEE... le ponemos unas cargas fiscales que estas entidades no pueden manejar, lo que hacemos es posponer la atención al problema a cuando el mismo agudice en estas otras entidades. Igualmente, si se elimina el subsidio a los municipios, el déficit que esto conllevaría podría generar una presión fiscal en otros elementos del complejo aparato fiscal gubernamental", puntualizó.

Las vistas continúan el lunes, cuando se discutirá con la Administración de Vivienda Pública y el Departamento de la Familia los subsidios que reciben los residenciales públicos. Más adelante, también serán citadas las corporaciones más morosas, que incluye a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de los Puertos.