Tras presentarse como futuro gobernador de la Isla, el presidente del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, prometió investigar y procesar a todo funcionario de la actual administración del Partido Popular Democrático (PPD) que utilice el sistema de justicia para perseguir políticamente a los estadistas.

“Como exsecretario de Justicia del Gobierno de Puerto Rico, me veo, nuevamente,  obligado a reiterar que la persecución política y la perversión de nuestro sistema de justicia criminal no tiene cabida en un sistema democrático de gobierno.  Advertimos tajantemente  que todo aquel funcionario que incurra en dicha práctica será procesado  bajo mi administración y tendrá que enfrentar todo el peso que la ley impone a tan reprochable conducta.  El uso de los recursos del Estado para faenas políticas o, peor aún, para la fabricación de casos criminales; es un grave delito contra la democracia y la función pública”, sentenció.

La advertencia la lanzó en unas declaraciones escritas en las que reacciona al referido que se le hiciera al Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) a la jueza del Tribunal Apelativo, Grace Grana Martínez, y a ocho bomberos por conspiración, malversación y apropiación de fondos públicos e infracciones a la Ley de Ética Gubernamental por un viaje que realizaron a Nuevo México para participar de una asamblea de la organización Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos (Lulac).

Los hechos imputados a Grana Martínez presuntamente ocurrieron cuando trabajaba para el secretario de la gobernación, Marcos Rodríguez Emma, durante la administración del exgobernador, Luis Fortuño.

“Conozco personalmente a la honorable jueza Grana Martínez y, de mi trato profesional con ella, me resultaría altamente sorprendente que ésta haya incurrido en prácticas antiéticas o que en el despliegue de sus acciones oficiales se hubiese apartado de los postulados que rigen la ética gubernamental. En vista de ello, estaremos sumamente pendientes al desenlace de la investigación, y de producirse evidencia que establezca que este asunto fue tramitado por motivaciones políticas, como Comisionado Residente, tomaré todas las acciones dentro de mi poder para garantizar que los derechos civiles de nuestros servidores públicos no sean objeto de ataques viciosos e injustificados”, afirmó el también comisionado residente en Washington.

Para Pierluisi, es “altamente sospechoso” que el PPD la emprenda contra Lulac, cuando supuestamente la organización es bona fide y los servidores públicos tienen derecho a la libertad de expresión y asociación.

“No queremos pensar que las expresiones del secretario de Justicia de Puerto Rico, (Cesar Miranda), sobre la entidad Lulac pretendan intimidar a los servidores públicos estadistas con el fin de que estos se abstengan de participar en este tipo de actividades en el futuro. Más aún, cuando debe ser incuestionable que existe un fin público para apoyar entidades como Lulac”, sostuvo.

Por otro lado, el secretario del PNP, José Aponte, anunció que este jueves realizarán una reunión para proveerle orientación legal a todos los asociados a Lulac que se sientan perseguidos por el PPD o hayan sido referidos al FEI.

“Hemos visto cómo ya se recrudece la persecución y el acoso contra los estadistas, en este caso por su participación en actividades de la organización nacional de derechos civiles Lulac. Debido a esto, vamos a brindar apoyo y coordinar asistencia legal a las personas que sean perseguidas por la desorganizada e improvisada administración del PPD. Vamos a ser bien vigilantes de esta nueva ‘cacería de brujas’ y ‘comités de persecución’ y no dejaremos solos a quienes sean perseguidos”, manifestó en comunicado de prensa.