El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, aplaudió este viernes el anuncio del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de que utilizará su autoridad ejecutiva para reformar la política nacional de inmigración.

Pierluisi consideró que existe un amplio consenso en Estados Unidos y Puerto Rico de que se necesita una reforma abarcadora de la política de inmigración. Dijo que el sistema actual pone en riesgo la economía y es inconsistente con los valores estadounidenses.

No obstante, el también presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) criticó que los derechos que pretenden extenderse a los inmigrantes le sean negados “a los 3.6 millones de ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico mientras este sea un territorio y no un estado”.

“La Orden Ejecutiva del Presidente no coloca, ni puede colocar, a inmigrantes indocumentados en el camino a la ciudadanía.  Simplemente los protege de ser deportados y les da una oportunidad para emerger de las sombras.  Solo el Congreso puede proveer una solución abarcadora y permanente a este problema, a través de legislación sensible y humana.  Como miembro de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, con jurisdicción sobre este asunto, estoy listo para trabajar para lograr esta meta, tanto con demócratas como con republicanos”, puntualizó Pierluisi en un comunicado de prensa en el que reaccionaba al discurso que el presidente ofreció anoche.

Como parte de su reacción, Pierluisi recordó que el Congreso tiene ante sí una propuesta para atender el problema de inmigración. Explicó que en junio de 2013 el Senado de Estados Unidos aprobó legislación, que reforma las leyes de inmigración, refuerza la seguridad en la frontera y abre un camino para que unos ocho millones, de los once millones de indocumentados que viven en el país, se hicieran ciudadanos plenos y con igualdad ante la ley. No obstante, la medida no ha sido analizada en la Cámara de Representantes.

El comisionado residente catalogó esa propuesta legislativa como “una gran mejora al status quo”, aunque no fuera perfecta.

Resaltó que al utilizar su autoridad para establecer prioridades en inmigración, como lo hicieron previos presidentes de ambos partidos, Obama protege y “escuda” a casi cinco millones de inmigrantes indocumentados de la deportación. En la medida se incluye a individuos que fueron llevados a Estados Unidos como niños previo al 1 de enero de 2010, irrespectivo de su edad actual, así como a padres de niños que son ciudadanos americanos o residentes legales permanentes y han vivido en este país durante por lo menos cinco años. 

Según el anuncio, el gobierno federal enfocará sus esfuerzos en la deportación de criminales y de aquellos con lazos frágiles con la nación.