Para el comisionado residente en Washington D.C., Pedro Pierluisi, la administración de Alejandro García Padilla no tiene ninguna necesidad de aumentar el arbitrio sobre el petróleo y sus derivados para impulsar obra en las vías públicas del País, pues supuestamente tiene $358 millones en asignaciones federales sin utilizar.

Según Pierluisi, esa situación demuestra serias deficiencias en el uso de los fondos federales de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), y podría tronchar asignaciones futuras a esa corporación pública, como las que se hacen a través de programas competitivos.

“La Autoridad tiene los fondos federales disponibles para sus proyectos, y no necesita fondos locales para comenzarlos, por lo que el Gobierno no tiene que recurrir a volver a atropellar al pueblo con más impuestos, como el nuevo aumento en el impuesto al barril del petróleo de $15.50”, manifestó Pierluisi durante una conferencia de prensa en su oficina de distrito en el antiguo Edificio de Medicina Tropical.

Se refirió al aumento de $9.25 a $15.50 en el impuesto al crudo que el Gobierno busca legislar, y que podría ser llevado a votación este jueves en la Cámara de Representantes.

“Tienen $358 millones sin gastar. Eso es imperdonable, claramente inaceptable… Antes de estar atacando el bolsillo de los ciudadanos y los comercios con un impuesto más, deberían ponerse a gastar adecuadamente los fondos federales que ya tienen disponibles”, insistió el también presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Reconoció, no obstante, que todavía no existe un peligro de que el Gobierno de Puerto Rico pierda la multimillonaria suma asignada.

El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Miguel Torres, y el director ejecutivo de la ACT, Javier Ramos, reconocieron en un comunicado conjunto que la instrumentalidad gubernamental cuenta con $205 millones para construcciones viales en casi una treintena de municipios, y otros $150 millones para el diseño de proyectos adicionales.

Sin embargo, insistieron en la necesidad de aprobar el Proyecto de la Cámara 2212 sobre el alza en el arbitrio para darle mayor solvencia financiera a la ACT.

“En estos 22 meses, hemos avanzado, y continuaremos sin pausa para que maduren y rindan frutos todas las medidas que estamos tomando para así lograr una eficiencia operacional y devolverle su autosuficiencia financiera. Si la ACT perdiera la capacidad financiera, pondría en riesgo las asignaciones millonarias en fondos federales que impactaría las obras en decenas de municipios”, dijo Torres Díaz.

Durante la rueda de prensa, Pierluisi no hizo alusión a la deuda que mantiene la ACT con el Banco Gubernamental de Fomento, que en diciembre de 2012 ascendía a cerca de $2,200 millones, y que ha sido el principal argumento utilizado por esta administración para justificar el incremento del gravamen.

El comisionado residente aseguró que la ACT podría encauzar las mejoras en las carreteras sin contar con flujo de efectivo, pues supuestamente la Administración Federal de Carreteras (FHA, por sus siglas en inglés) la eximió de tener que aportar el 20% de los trabajos como pareo, pues le acreditó alrededor de $700 millones generados en los peajes y que fueron invertidos a lo largo de los años en obras de infraestructura.

Además, indicó que el sistema de rembolso mediante el cual el Gobierno local sufraga las mejoras y luego el gobierno estadounidense le compensa lo invertido podría ser sustituido por un mecanismo de facturación, a través del cual se le presenta a la entidad federal la factura de los contratistas y se asigna el dinero necesario.

Pierluisi dijo que inició gestiones para efectuar ese cambio, y pidió a la administración de García Padilla que culmine el trámite.

“He solicitado a la agencia federal (FHA) que trabajen con la Autoridad de Carreteras aquí para aplicarles ese método que resolvería el problema de ‘cash flow’ que puede estar impidiendo el comienzo de algunos proyectos”, apuntó.

El líder del PNP dijo que en la Isla existen alrededor de 60 proyectos de construcción con fondos federales obligados, y que solo una mínima parte ha comenzado a desarrollarse. Estimó que el uso de los $358 millones podría generar 5,000 empleos directos y 3,500 indirectos.