El comisionado residente Pedro Pierluisi detalló hoy cómo “dará la pelea” en Washington DC para mejorar el acceso de los ancianos y medicoindigentes de Puerto Rico a coberturas de salud y farmacia al amparo de Medicare y Medicaid.

“Demasiados pacientes en Puerto Rico reciben cuidado inadecuado, demasiados médicos y hospitales no son justamente compensados por sus servicios y demasiada carga financiera asociada con los servicios de salud recae sobre el gobierno de Puerto Rico, en vez de ser compartida de forma más equitativa con el gobierno federal”, expuso Pierluisi al participar como orador en la conferencia de la industria de salud y seguros celebrada hoy en el hotel Condado Plaza Hilton.

Según el comisionado, estas son algunas de las consecuencias del “trato desigual” que históricamente han recibido los beneficiarios y proveedores de servicios bajo Medicare y Medicaid, que se ha amplificado tras entrar en vigor la reforma sanitaria federal, conocida como Obamacare.

Como ejemplo concreto, indicó que si a Puerto Rico se le aplicara la fórmula que los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (en inglés, CMS), adscritos al Departamento de Salud federal, emplean para calcular la asistencia federal de los estados, “fluirían unos $650 millones anuales” tan solo para cubrir el subsidio a personas de ingresos bajos.

“Esto equivale a 15 veces la cantidad de financiamiento federal a la que Puerto Rico es elegible al amparo de la actual asignación en bloque”, contrastó ante la audiencia, compuesta por altos ejecutivos de planes médicos, hospitales y proveedores, así como de funcionarios federales y asociaciones de la industria de la salud.

“No tiendo a exagerar, pero esa disparidad es claramente inmoral y hace que demasiados adultos mayores tengan que escoger entre comprar sus medicamentos con receta o suplirse otras necesidades básicas”, sentenció Pierluisi.

Más allá de señalar la realidad de asignaciones dispares con otras jurisdicciones, el comisionado residente ofreció ejemplos de pasos concretos en su agenda.

“Tengo en agenda una reunión con altos oficiales federal para hablar del financiamiento federal para Mi Salud”, adelantó en entrevista con este medio, tras culminar su discurso.

Indicó que aunque bajo la reforma sanitaria, conocida como Obamacare, Puerto Rico comenzó a recibir el triple de fondos por Medicaid, “todavía recibimos una suma enormemente menor”.

A pesar de esa realidad cuantitativa, indicó que ahora las autoridades federales están exigiendo que el plan de salud del gobierno, conocido como Mi Salud, ofrezca “los mismos servicios que ofrecen los estados”.

“Esa exigencia no es justa ni razonable cuando no tenemos el financiamiento necesario”, puntualizó.

En la actualidad, Puerto Rico tiene disponible menos de $4,000 millones, del total de $6,300 millones en fondos federales que recibió, al amparo de la ley federal de reforma sanitaria, y tiene que gastarlos antes del 30 de septiembre de 2019.

Después de ese plazo, o incluso antes si se agota el dinero, los 1.2 millones de beneficiaros de Mi Salud quedarían al descubierto, advirtió Pierluisi.

“Si el Congreso no asigna fondos adicionales para rellenar el pote antes de que se agote, la asignación anual de Medicaid para Puerto Rico revertiría a $400 millones al año”, indicó.

“Laboro duro para educar a funcionarios federales sobre la necesidad de tomar acción oportuna, insistió.

En cuanto a Medicare y los planes Advantage, que ayudan a los adultos mayores a sufragar el resto de sus servicios de salud y farmacia, aseguró que también están en su radar.

“Voy a tener una reunión con el director a cargo de CMS para abogar por los planes Medicare Advantage en la isla”, indicó a este medio.

Una de las metas de esa reunión es pedir que se modifique la fórmula que CMS usa para compensar a los planes Medicare Advantage por servicios en Puerto Rico, informó.

Del total de 750,000 clientes de Medicare en Puerto Rico, hay unas 100 mil personas fuera de la parte B que cubre los costos por servicios fuera de los hospitales, estimó PIerluisi.

Esto implica que cuando los reguladores federales sacan la cuenta de cuánto es el costo promedio por paciente, la cifra sale baja porque hay 100,000 clientes fuera del sistema.

“Por el trato discriminatorio que recibimos en el programa de Medicare parte B, que cubre los servicios fuera de los hospitales, nuestros planes (Medicare Advantage) salen perjudicados cuando computan el nivel de compensación”, sostuvo.

“Tengo que dar esa pelea cuando no es igual el trato”, subrayó.

Además del discurso de Pierluisi, la conferencia anual contó con panelistas como el principal oficial de la aseguradora MCS, Hames P. O’Drobinak; su homólogo en MMM Healthcare; doctor Richard Shinto; el presidente de la Asociación de Farmacias d la Comunidad, Elliot Pacheco Beauchamp; y la presidenta de Triple-S Advantage, Madeline Hernández Urquiza, entre otros.