El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, opinó este martes que es preferible que el Gobierno negocie la deuda con los acreedores antes de tomar medidas que los convierta en adversarios. 

Dijo que, a través con las negociaciones, el Gobierno podrá “cumplir con sus obligaciones como deudor bajo la Constitución y evitar la imposición por parte del gobierno federal de soluciones que no contribuyan al bienestar del pueblo”.

Las expresiones de Pierluisi surgen como reacción a la portada de El Nuevo Día en la que se establece que grupos de acreedores de Puerto Rico elaboran un plan que complementen el llamado “superbono” que ha articulado la administración de Alejandro García Padilla para lidiar con la deuda pública. Pero, a pesar de la disponibilidad de los bonistas, el Gobierno insistirá en la extensión del capítulo 9 de la Ley de Quiebras a la Isla, reconoció la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta. 

“Como siempre he dicho, Puerto Rico es una jurisdicción de ley y orden, donde se tiene que respetar la Constitución por sobre todas las cosas. Informes en la prensa indican que existe la voluntad entre los principales acreedores de nuestro gobierno de buscar soluciones que no violen nuestra Constitución y que al mismo tiempo protejan los mejores intereses de nuestro pueblo, asegurando que Puerto Rico pueda moverse adelante con la comunidad inversora como socios de nuestro desarrollo futuro y no como adversarios”, señaló Pierluisi.

“Un dialogo creíble requiere que todos los involucrados estén en la disposición de sentarse a negociar y ceder en sus posiciones. Lo que hemos visto en los últimos días ofrece una esperanza de que esto sea posible, lo cual pudiera eliminar la necesidad de que el Congreso tenga que intervenir con soluciones adversas como la tan comentada Junta de Control Fiscal federal, que sólo exacerbaría la naturaleza colonial de la relación que hemos tenido que sufrir por más de un siglo, en lugar de moverse en la dirección opuesta, tal cual fue la voluntad mayoritariamente expresada por nuestro pueblo en las urnas. El énfasis de la posible acción federal no debe ser el de imponernos un gobierno paralelo, sino el de armonizar el tratamiento que le da a Puerto Rico bajo programas federales como Medicaid y Medicare, al tiempo que continuamos trabajando para lograr la igualdad total bajo la estadidad”, añadió el comisionado.

Asimismo, Pierluisi opinó que es una mejor opción negociar con los acreedores que permitir que el gobierno federal imponga una Junta de Control Fiscal.

“Defender el sistema democrático que tenemos en Puerto Rico bajo nuestra Constitución es obligación de todos, empezando por el gobernador, quien juró ante el pueblo defenderla ante todas las cosas. Cualquier persona en posición de liderazgo que promueva o apoye la creación de una Junta de Control Fiscal federal, acepta su fracaso como líder y se inhabilita para llevar las riendas de nuestro gobierno”, sentenció.