Pleito de clase contra la nueva ley de Retiro

Por Nydia Bauzá / nbauza@primerahora.com 05/10/2013 |
Los demandantes alegan que, con la merma en su pensión, se afectará su capacidad para atender asuntos personales, familiares, el cuido de sus seres queridos y su propia salud.  (Archivo)  
El subcontralor y varios directores de la oficina figuran como demandantes

Bajo el argumento de que perderían desde un 15 hasta un 60 por ciento de su pensión “por mérito”, decenas de empleados de la Oficina del Contralor acudieron con una demanda de clase al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para impugnar la nueva ley de Retiro.

Los 68 demandantes, entre las edades de 44 a 57 años de edad, solicitan en el recurso de injuction preliminar y permanente que el tribunal declare inconstitucional la nueva ley por entender que con el nuevo sistema de retiro que entra en vigor el primero de julio sufrirían una merma significativa en su pensión anticipada y que tendrían que trabajar unos cinco a 10 años adicionales para poder cotizar.

Alegan que la nueva ley “es tan nociva” que se han visto obligados a renunciar efectivo el último día de junio o el 31 de diciembre de 2013.

Las abogadas Judith Berkan y Mary Jo Méndez alegan en el pleito que la nueva ley atenta contra los intereses adquiridos por los demandantes durante décadas y que estos nunca habían estado sujetos a una imposición retroactiva de esta naturaleza.

“Cada uno de los demandantes sufrirá un daño irreparable en caso de que este tribunal no actúe enfrentándose en este momento a dos alternativas insostenibles”, dice el pleito.

Sostiene que los demandantes tendrían que jubilarse en o antes del primero de julio de 2013 (en algunos casos antes del 31 de diciembre de 2013), varios años antes de cualificar para los beneficios del seguro social, con una reducción drástica de su esperada pensión y con muy pocas posibilidades de encontrar empleo. Como segunda opción, tendrían que continuar laborando en el Gobierno por un periodo adicional de 1.5 a 17 años, con la expectativa de recibir una pensión considerablemente menor a la que le fue prometida por más de 23 años y sin plan médico. Alegan los demandantes que, al entrar en vigor la nueva ley, ninguno cumple con ambos criterios para cualificar para la pensión: los 55 años de edad, más los 30 años de servicio.