El discurso sobre los "amigos del gobernador" con el que el Partido Popular Democrático (PPD) llevó su ofensiva el pasado cuatrienio contra el gobierno de Luis Fortuño pareció resurgir este miércoles, pero por voz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes en contra del incumbente Alejandro García Padilla.

Y es que la representante Jenniffer González, portavoz de la minoría novoprogresista, afirmó que ese cuerpo se apresta a considerar una medida aprobada la semana pasada en el Senado que le quitaría a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT) la jurisdicción para ver pleitos de clase, y tendría el efecto de beneficiar económicamente a abogados vinculados con el PPD.

El Proyecto de Senado 462 transferiría al Tribunal de Primera Instancia la jurisdicción para ver los pleitos de clase de ciudadanos en contra de compañías de telefonía o cable, y al hacerlo, eliminaría el tope de $5 millones en compensaciones vigente hoy.

González, además, criticó que la pieza legislativa tenga carácter retroactivo, lo que permitirá que los casos que se ventilan ante la JRT pasen de inmediato a los tribunales, y se elimine el límite en la compensación.

"Hay actualmente una demanda radicada contra una de las compañías de telecomunicaciones por $400 millones. Si se computan los honorarios de abogados a base del por ciento vigente, ganarian $1.8 millones, con este proyecto, dan un mínimo de un 25% de lo que se estaría consiguiendo para los beneficiarios o consumidores, que puede llegar a $186 millones en pagos de honorarios a esos abogados", manifestó González durante una rueda de prensa en su oficina legislativa.

La expresidenta cameral se refirió a los abogados José Andreu García y José Andreu Fuentes, quienes representan a la clase en dos de los cinco pleitos de este tipo pendientes en la JRT en la actualidad.

"A nosotros nos parece que, en momentos donde hay una situación económica, no es casualidad que se aprueben medidas como esta de carácter retroactivo y que el eslogan de 'la gente primero' sea 'nuestros amigos primero'", enfatizó la legisladora.

"Uno no puede usar la Asamblea Legislativa para satisfacer intereses privados", enfatizó.

A pesar de que la ley que se aprobó en el 2005 y que trasladó la jurisdicción del tribunal a la JRT también tuvo carácter retroactivo, González distinguió ambas instancias al argumentar que actualmente uno de los pleitos -que ya se había presentado en aquel entonces- se encuentra en una etapa más avanzada, y podrían afectarse los procesos.

Pero el senador popular Ramón Luis Nieves, uno de los coautores de la pieza, dijo que durante el proceso de vistas públicas la JRT confirmó que niguno de los casos se encuentra adelantado, y aseguró que en cuatro de ellos ni siquiera se ha certificado la clase, que es la etapa incial del proceso.

"Que los proyectos salgan de la Junta a los tribunales no va a afectar ningún derecho sustantivo de las partes porque la Junta no ha tomado decisiones sustantivas en ninguno de los pleitos", aseveró el senador, quien destacó que la propia JRT favoreció el proyecto.

González alertó también que el licenciado Andreu Fuentes participó en el comité de transición de García Padilla, y presuntamente intervino durante la comparecencia de la JRT, lo que pudo haberlo expuesto a documentos con información privilegiada que le representen ahora un conflicto ético como abogado en casos ante la agencia.

A juicio de la portavoz del PNP en la Cámara, la Asmablea Legislativa debe investigar la participación de Andreu Fuentes en el comité de transición del gobierno.

"Estos abogados tuvieron acceso privilegiado de querellas presentadas ante la Junta Reglamentadora, utilizaron esta información para ahora beneficiarse en un pletio que han ido al tribunal", sostuvo.

Nieves, sin embargo, despachó el argumento al afirmar que que no existe ninguna relación entre la participación del abogado en el comité de transición, y el proyecto que se considera en la Legislatura para transferir la jurisdicción de los pleitos de clase por violaciones a la Ley de Telecomunicaciones.