Legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) advirtieron ayer sobre lo que entienden serían consecuencias catastróficas que tendrían para el País la aprobación de medidas que impulsa el gobernador y que contarían con el respaldo del Partido Nuevo Progresista (PNP). 

En particular, los legisladores del PPD se referían a los proyectos para transformar el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y para eliminar los sistemas de retiro de los empleados del gobierno, los maestros y la Judicatura. 

En el primer caso, afirmaron, el proyecto perjudicaría seriamente a los municipios y los servicios que proveen, en particular a las personas más desventajadas y de escasos recursos. En el segundo caso, la medida supondría un duro golpe para los pensionados que dependen de los sistemas de retiro, los actuales empleados gubernamentales que serían futuros pensionados así como sus familias. 

El representante Rafael “Tatito” Hernández afirmó que el Proyecto de la Cámara 1164 “liquida el BGF” a través de un acuerdo negociado con los acreedores del atribulado banco, pero pasa “todo el peso de la transacción a los municipios”. 

“La (nueva) institución (que surgiría tras la desaparición del BGF) puede negociar la deuda con los acreedores. Pero los municipios se quedan con el 100% de su deuda y con el pago original de la misma, afectando su liquidez”, afirmó Hernández.

El alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri, agregó que la medida terminaría teniendo el efecto de “eliminar municipios”, y cuestionó qué pasaría con los muchos servicios que ofrecen día a día, como el manejo de los Centro de Diagnóstico y Tratamiento, el recogido de basura, los cementerios, los servicios de transportación, así como la situación de las 55,000 personas que trabajan en los municipios y verían una reducción drástica de su jornada laboral o, incluso, el despido.

Por otro lado, los legisladores populares cuestionaron el Proyecto del Senado 603 (Proyecto de la Cámara 1163) que busca eliminar los retiros y crearía un nuevo sistema que, afirman, no garantiza las pensiones, y se aprobaría sin discusión pública ni la presentación de estudios al respecto.

El representante Jesús Santa resaltó que el artículo 2 de la Ley PROMESA obliga a pagar las pensiones, al igual que lo hace la ley de Puerto Rico, por lo cual cumplir con esos pensionados “es una obligación moral y legal”. 

Santa levantó la preocupación de que el proyecto reduciría la obligación de contribuir del 10% actual hasta 5%, algo que pone más dinero en el bolsillo de momento, pero dejaría una pensión con pagos tan bajos que resultaría imposible vivir de la misma. Asimismo, subrayó el hecho de que el proyecto pondría el dinero del pensionado en un sistema similar a una cuenta de banco o un sistema 401K, manejado por un tercero que fijaría hasta qué edad se pagaría dicha pensión. 

“El sistema actual garantizaba una pensión vitalicia. Bajo un sistema privado, una vez tu llegues a la edad que un tercero decida, se acabó, te quedaste en cero”, indicó.

Santa cuestionó, además, que la aportación que hará el gobierno se mantendría en el fondo general “donde cualquiera puede meter la mano”, y no en un fideicomiso que está más controlado.

La senadora Rossana López calificó de ilegal que el gobierno se apropiara de los activos de los sistemas de retiro “que pertenecen a los pensionados” y alertó que el nuevo sistema que propone la medida lleva unos cargos de administración “que lo establece el administrador”. 

López resaltó que la medida afectaría a cientos de miles de pensionados, entre ellos los maestros y policías que no cuentan con el Seguro Social, los cuales se verían sin dinero una vez se acabe la cuenta. “Aprobar un proyecto como este, es ir al precipicio en la vejez. Y cuando nos demos cuenta no va a haber un solo peso en ese fondo”, condenó López, agregando que el proyecto eliminaría calidad de vida a cientos de miles de pensionados actuales y futuros y sus familiares.