La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) expresó mediante comunicado de prensa preocupación por los alcances de un acuerdo de confidencialidad, con términos ambiguos y cuestionables, que el administrador de La Fortaleza comenzó a requerir el martes a los empleados de la Oficina del Gobernador.

La nueva exigencia del administrador Luis Martínez causó alarma entre empleados de La Fortaleza que sintieron intimidación y preocupación por las repercusiones legales. Horas después que algunos periodistas pidieran reacción a La Fortaleza y tras la publicación del controvertible documento en la edición digital de El Nuevo Día, la vocera de Prensa del Gobernador informó anoche que el mandatario ordenó dejarlo sin efecto de inmediato.

“Es la primera vez que conocemos de una medida administrativa de este tipo en La Fortaleza, donde ya existen suficientes disposiciones legales sobre sus deberes, obligaciones y administración dentro del marco del servicio público. Pero el nuevo acuerdo que le exigieron a los empleados iba más allá, comenzando con prohibir el divulgar o usar ‘información confidencial’, la cual define como prácticamente cualquier cosa, y con vigencia de por vida porque lo extiende después de que expire el propio acuerdo o ya no sea empleado de la Oficina del Gobernador”, cuestionó Damaris Suárez, presidenta de la Asppro.

“Los términos y condiciones del acuerdo son altamente cuestionables desde el punto de vista ético, legal, administrativo y hasta del más básico principio de libertad de expresión. Contradice el principio de la ley que protege a los empleados por denunciar actos de corrupción [Ley 14 de 2001], pero sobre todo contrasta con la política pública de transparencia que el propio gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha dicho defender”, apuntó la presidenta del gremio de periodistas.

Aunque se haya dejado sin efecto, lo que pasó levanta serias interrogantes y amerita explicaciones, opinó Suárez. Entre otras cosas, qué medidas anticipaba tomar el administrador si empleados, con todo derecho, rehusaban firmar el documento, el cual repite dos veces que se firma “libre y voluntariamente”. ¿Pasó el documento un concienzudo análisis legal?

Entre las vaguedades del pretendido acuerdo, dice: “el empleado no divulgará o utilizará, en detrimento de la OG [Oficina del Gobernador], el Gobernador y/o la Primera Dama y su familia, y mantendrá en estricta confidencialidad la información confidencial (…) sea o no designada por escrito como confidencial”.  Además, aplica a “cualquier información” sobre la familia del gobernador y la primera dama, sin limitaciones.

“Otro apartado altamente preocupante se refiere a las citaciones u órdenes judiciales (subpoenas). Indica que el empleado ‘consultará con la OG, el Gobernador y/o la Primera Dama sobre la posibilidad de tomar alguna acción legal para resistir o limitar dicha solicitud’. Esto compromete al empleado con hacer lo que el administrador, el gobernador y su esposa le digan frente a una autoridad judicial, lo cual es impropio y podría ser en detrimento del empleado”, manifestó la presidenta de la Asppro.