La Asamblea Legislativa comenzó formalmente la revisión del Código Penal, y este martes fue presentado un proyecto de ley en ambas cámaras que enmienda sobre un centenar de artículos del estatuto que rige el sistema de justicia criminal en el País.

El senador Miguel Pereira y el representante Luis Vega Ramos, copresidentes de la Comisión Conjunta Permanente de la Asamblea Legislativa para la Revisión Continua del Código Penal, anunciaron que el 27 de octubre iniciarán las vistas públicas sobre la medida, que entre otras cosas, busca reducir las penas para hacerlas más proporcionales a los delitos cometidos, integra un sistema de medidas alternas a la reclusión y restituye la discreción judicial al emitir las sentencias.

“El proyecto que se radica en el día de hoy (martes) es el resultado de largos meses de discusión y trabajo. Se han celebrado reuniones con el secretario y subsecretario de Justicia, el fiscal general, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), la Sociedad de Asistencia Legal (SAL), así como abogados litigantes y juristas prominentes”, destacó Vega Ramos durante una conferencia de prensa.

La confección del proyecto de ley contó con la asesoría de los profesores de derecho y expertos en el área penal Dora Nevares y Luis Ernesto Chiesa.

Ambos juristas defendieron la idea de trabajar los cambios propuestos como enmiendas al Código Penal vigente desde el 2012, en lugar de desarrollar un nuevo estatuto.

“No podía este País trabajar con un código nuevo, había que bregar con el código vigente y mejorarlo porque los códigos hay que madurarlos y se les tiene que dar tiempo para que maduren, y la recomendación nuestra fue ‘vamos a dejar que el código del 2012 madure para ver si podemos estar 25 años con este código mejorándolo poco a poco’”, manifestó Nevares.

Entre las enmiendas propuestas, figura la eliminación de los delitos de adulterio y bestialismo.

En el caso del adulterio, Vega Ramos mencionó que desde 1932 no se procesa a nadie judicialmente por esa conducta, y sobre el bestialismo, Nevares dijo que la “Ley para el Bienestar y Protección de los Animales” fija responsabilidades por esos actos.

La pieza legislativa también reincorpora la pena de restricción terapéutica como una medida rehabilitadora para atender los casos que involucren a adictos.

Pereira presentó estadísticas que señalan que el 85.7% de la población correccional ha consumido sustancias controladas antes o durante su encarcelamiento. Se estima que el número de confinados actualmente asciende a 12,551 personas, y que el Estado gasta alrededor de $40,000 anuales por cada uno.

“La abrumadora mayoría de la conducta criminal que se lleva a cabo en Puerto Rico está directamente vinculada al mercado ilícito de las drogas, y debemos concentrar nuestra energía en atacar y poner recursos en el procesamiento criminal y el encausamiento de las personas que están en esa industria. Debemos penalizar al que se lucra del tráfico y no al usuario”, insistió Pereira.

Las vistas públicas inician el 27 de octubre, y hasta el momento, se extenderán hasta el 1 de noviembre. La comisión conjunta ya citó al Departamento de Justicia, al DCR y la SAL, pero Pereira señaló que los interesados en participar pueden comunicarse con el personal de la comisión legislativa.