El representante popular Luis Vega Ramos presentó hoy, martes, una resolución concurrente para que la Asamblea Legislativa reclame al gobernador Alejandro García Padilla que no aprueba la transacción que dejaría en manos extranjeras durante 40 años las operaciones del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

Ello independientemente de la determinación de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), quien postergó durante 45 días el proceso de evaluación de la alianza público privada entre el Gobierno local y la empresa mexicana Aerostar Airport Holdings.

“El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín es el principal aeropuerto de la Isla y el Caribe y la puerta aérea de entrada y salida de pasajeros en Puerto Rico. En la actualidad, emplea aproximadamente 400 servidores públicos que le brindan servicios directos al aeropuerto, además de los empleos adicionales que genera en el sector privado. Nos ocupa que los administradores privados no tengan el mismo compromiso de responsividad y responsabilidad con los ciudadanos”, manifestó Vega Ramos en un comunicado de prensa.

 El legislador señaló que envió una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, en la que le invitó a unirse como coautor de la medida legislativa.

 Según Vega Ramos, la resolución expresa, además, la preocupación sobre el efecto que tendría la transacción en los aeropuertos regionales, así como la posibilidad de pérdida de empleos.

 “Los términos económicos de esta transacción son extremadamente onerosos para el interés público y sumamente beneficiosos para los intereses privados en el negocio. Existe el planteamiento de conflicto de interés en la transacción, toda vez que el privatizador, también administra el aeropuerto internacional de Cancún en México”, expuso el representante.

 El contrato que establecería una APP en el aeropuerto internacional, ubicado en Isla Verde, ha levantado objeciones en sectores sindicales, políticos, sociales y empresariales. El pasado jueves, un grupo de ciudadanos, mayormente miembros de la Hermandad de Empleados de Oficina, Comercio y Ramas Anexas de la Autoridad de Puertos y de la Autoridad de Transporte Marítimo, se manifestaron frente al Capitolio para rechazar la transacción.

“Todos estos asuntos fueron presentados, por amplios sectores del país, a la Administración Federal de Aviación en el proceso de participación ciudadana para evaluar la transacción. Sin embargo, hay que reconocer que la evaluación de dicha agencia federal versa más sobre la legislación y reglamentación federal aplicable, así como el interés general de los Estados Unidos. A quien le compete el interés particular del pueblo de Puerto Rico es al Gobierno y a la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, concluyó Vega Ramos.