Tanto el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de Puerto Rico como la Federación de Alcaldes de la isla respaldaron el proyecto que propone establecer, por ley, que los confinados de seguridad mínima puedan asistir a los municipios en el recogido de desperdicios sólidos cobrando el salario mínimo federal.

Ello se produciría mediante la creación del Programa para el Recogido de Desperdicios Sólidos (REDES), adscrito al Programa de Empresas, Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas (PEATC) de los reclusos.

El respaldo fue esbozado durante la primera audiencia pública en la Cámara de Representantes en torno a la medida de la autoría de los representantes Félix Lassalle Toro, y el presidente circunstancial de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, José González, quien dirigió los trabajos del día.

González expresó, que uno de los problemas y costos más altos que enfrentan los municipios ante la crisis fiscal que atraviesan, es el recogido de desperdicios sólidos.

"Este es un proyecto de ley que va a traer economías a los municipios. Presido la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara y ejercí como administrador del municipio de Arecibo y sé el costo que conlleva el recogido de desperdicios sólidos a los municipios. Por ejemplo, el municipio de Arecibo cobra siete al mes por residencia por el recogido de basura, el cobro bajaría a cuatro al mes", dijo el legislador.

El secretario del DCR, Erik Rolón, explicó que la medida es cónsona con un nuevo programa mediante el cual, los confinados sentenciados con buena conducta, cobrarán el salario mínimo por la labor que realizan mientras se promueve su reinserción y contribución a la sociedad.

Incluso, indicó que con el salario devengado, estos sufragaran sus gastos de renta por acomodo de facilitados de vivienda designado, comida, agua, luz, y por el grillete electrónico de alta tecnología que utilicen mientras ejercen esas labores; todo bajo la seguridad y la supervisión del DCR.

Rolón igualmente informó, que el DCR cuenta con tres potenciales clientes para el recogido de basura, que son los municipios de Arecibo y Toa Baja y el Departamento de la Vivienda.

Agregó, que en Arecibo participarán de 12 a 15 confinados, que estarán residiendo por su cuenta con grilletes electrónicos de alta tecnología.

"Ya me reuní con la Autoridad de Desperdicios Sólidos que asistirá en el andamiaje de la operación. Hemos ejecutado un plan de trabajo que está a ley de meses de ejecutarse en estas comunidades", adelantó.

González Mercado trajo a su atención la preocupación en cuanto a qué pasaría en el caso de que el Ayuntamiento no pueda pagar el servicio. A esos efectos, el director ejecutivo de la Federación del Alcaldes, Isabelo Molina Hernández, sugirió que en esos casos se retire el pago de los fondos del CRIM que reciben los municipios.