El procurador del veterano de Puerto Rico, Agustín Montañez-Allman, presentó a la Legislatura un plan que aseguró generaría más dinero y beneficios para los veteranos y más actividad económica para Puerto Rico, con tan solo un pequeño aumento de $800,000 en su presupuesto.

La propuesta, dijo hoy el funcionario a los miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, le fue ya presentada a la secretaria de la gobernación, Ingrid Vila, y se basa en su experiencia como veterano y como Procurador del Veterano.

“De considerarse favorablemente nuestros planteamientos, la Oficina del Procurador del Veterano (OPV) podrá implementar exitosamente una política pública que promueva el desarrollo económico, social y el bienestar integral de los veteranos y veteranas de Puerto Rico y sus familias, mediante ajustes conservadores a los programas y servicios que prestamos”, dijo Montañez –Allman a los legisladores.

La propuesta, según el documento escrito que entregó a la comisión, consiste en crear ocho plazas de oficiales de servicio en la OPV; descongelar la plaza de oficial ejecutivo, que es el funcionario que sería responsable de supervisar a los oficiales de servicios; otorgar más fondos al sistema de informática de la agencia para someter reclamaciones a través del sistema mecanizado de la Administración de Veteranos; otorgar más fondos al programa educativo y crear alianzas con los municipios, que incluyan entrenar el personal municipal y proveerle equipo.

El costo de los cambios en la organización de la OPV los estimó en $800,000.

 Estos cambios en la OPV, sostuvo el procurador, producirían como resultado la capacidad para trabajar con 300 veteranos adicionales al mes, que resultarían en 2,400 reclamaciones mensuales a la Administración de Veteranos, lo que equivaldría en dinero a $360,000 mensuales y $4.3 millones anuales.

Afirmó Montañez-Allman que sus estimados se fundamentan en el hecho de que la Administración de Veteranos aporta $40 millones mensualmente a Puerto Rico; que la OPV representa actualmente entre un 40% y un 50% de las reclamaciones que se procesan en Puerto Rico y que solo se impacta de un 25% a un 30% de las personas con derecho a reclamaciones.

 El presupuesto propuesto para la OPV es de $3.2 millones y el procurador pidió además $100,000 para completar el pago de nómina del nuevo personal que es necesario reclutar en el cementerio estatal de veteranos en Aguadilla.