Los titulares de las procuradurías de Personas con Impedimentos y de las Mujeres reiteraron hoy viernes su rechazo y oposición a la propuesta consolidación de sus agencias con otras entidades gubernamentales y reclamaron ante la Comisión de Hacienda de la Cámara que la propuesta fusión no creará las economías que se supuestamente se persiguen.

Iván Díaz Carrasquillo, procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI) y Wanda Vázquez, procuradora de la Mujer (OPM), comparecieron hoy ante dicha comisión para discutir los respectivos presupuestos de sus agencias, pero se les requirió que presentaran también su posición en torno a la consolidación ya que lo que resulte de dicho proceso afectará la legislación presupuestaria.

Tras advertir extensamente que la propuesta fusión de su procuraduría con la de Personas de Edad Avanzada pone en riesgo los fondos federales que recibe esa agencia, Díaz Carrasquillo sostuvo que “con la aprobación de esta ley no existe un ahorro significativo con la eliminación de los puestos de confianza adscritos a la OPPI”.

Fundamentó su afirmación en hecho de que de los 11 empleados de confianza, seis tienen derecho a reinstalación en el servicio público, tres de ellos en la misma agencia y los otros en otras entidades gubernamentales que, dijo, “tendrían que sufragar sus sueldos”.

Tampoco existe ahorro en el puesto del procurador, agregó, “porque en la nueva dependencia se estarían nombrando dos procuradores (el jefe de la agencia y el procurador auxiliar)”.

 Abundó en su ecuación al señalar que de los 10 empleados transitorios en la oficina, nueve cobran de fondos federales.

 Respecto a la legislación, sostuvo que ya su oficina está realizando las funciones que se enuncian en la misma y reiteró que “las economías o ahorros que se pretenden lograr no se concretizan con la aprobación de esta medida y no justifican que se trastoquen los derechos de las personas con impedimentos”.

 Argumentos similares presentó la procuradora de las mujeres en rechazo a la propuesta. “Es irreal el criterio esbozado en la exposición de motivos sobre que los programas y los servicios que ofrece OPM pueden ser integrados de forma eficiente y costo-efectiva al Departamento de la Familia”, expresó Vázquez.

Se refirió al compromiso de no despedir ningún empleado, por lo que concluyó que los $1.7 millones de la nómina deben estar garantizados en cualquier agencia. “El ahorro entonces consiste de $241,000. El ahorro o costo-efectividad de la eliminación de una oficina con la importancia y trascendencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres lo que representará será $241,000 anuales, o menos del 0.00001% del presupuesto del Fondo General”, declaró.

Afirmó, por otra parte, que la agencia realizó una reestructuración administrativa durante el presente ano fiscal que representó economías al Fondo General por $323,296 “y hemos tenido sobrantes devueltos al erario por los últimos tres años”.