Tras llevar su reclamo directamente hasta el Departamento de Hacienda (DH), psicólogos, patólogos, terapistas de habla y lenguaje, terapistas ocupacionales, terapistas físicos y asistentes que atienden a sobre 60,000 niños del Programa de Educación Especial abandonaron los predios de la agencia con la promesa de que el gobierno saldará parte de la millonaria deuda que arrastra desde el año pasado. 

Según el portavoz del Movimiento del Profesionales de la Salud (MPS), Josué Pérez García, la subdirectora del área del Tesoro, Brenda Vázquez, se comprometió a liberar los recursos que se les adeudan a cerca de mil terapistas de diversas corporaciones contratadas por el Departamento de Educación (DE). Algunos de estos profesionales no reciben remuneración alguna desde septiembre pasado.

El compromiso, explicó Pérez García, incluye la emisión de, al menos, 15 cheques con montos que oscilan entre los $12,000 y $400,000 dirigidos a cuatro de las corporaciones que emplean a estos trabajadores para que presten sus servicios a los estudiantes de Educación Especial.

“Les dimos un plazo de una semana y media, y si no responden, (vamos) a la calle de nuevo”, indicó a este medio Pérez García luego de la protesta, al destacar que llevan cerca de un año confrontando retrasos en los pagos. 

Pérez García advirtió que, si la situación no se resuelve, paralizarían los servicios terapéuticos hasta que les paguen lo que les deben. Explicó que los miembros de MPS son contratistas independientes que ofrecen servicios profesionales en diferentes áreas de la salud, y son subcontratados por corporaciones que negocian los contratos con el DE y la Secretaría Auxiliar de Educación Especial.

“Nosotros lo que estamos buscando es el respeto hacia la profesión más que nada. Que se nos respete por los años de estudio, por el compromiso con nuestros pacientes. Seguimos en pie de lucha”, añadió.

No fue posible obtener comentarios inmediatos del DH.

Crecen las protestas 

Mientras los integrantes de MPS se manifestaban frente al DH, a poca distancia, otro grupo de terapistas se alistaba para machar desde el Capitolio hasta La Fortaleza con un reclamo similar. 

Estos profesionales, con los que la administración de Alejandro García Padilla también mantiene una deuda millonaria, ofrecen sus servicios a través del programa de remedio provisional, que se estableció como parte del pleito de clase que encabezó Rosa Lydia Vélez para ofrecer las terapias de Educación Especial cuando las corporaciones contratadas por el DE no pueden suplir los servicios o en ciertas circunstancias adicionales.

Jinnette Morales, madre de una niña de 11 años con Síndrome Down y quien marcharía con el grupo, dijo que actualmente el gobierno le debe a estas corporaciones cerca de $3 millones, y ya cuatro de las entidades cesaron sus operaciones en enero a raíz de la situación, lo que provocó la suspensión del servicio para unos 300 estudiantes. Otras entidades, añadió, han determinado no atender casos nuevos o han reducido la frecuencia de las terapias que brindan a los alumnos.

“Realmente, de esto continuar, remedio provisional completo se verá inoperante”, enfatizó la mujer.

“Esto demuestra cuál es la importancia que tienen nuestros niños de Educación Especial. Todos sabemos cuáles son las decisiones que ha tomado este Gobierno. Entendemos que el país tiene una crisis, pero esta crisis no puede dejar a los niños de Educación Especial sin servicio. No se puede preferir pagar (a los) bonistas, se tiene que preferir cumplir con la población más vulnerable que tiene el país, que son nuestros niños”, subrayó Morales. 

Al llegar a la Mansión Ejecutiva, el grupo se reunió con Ana Teresa Alemañy, asesora del gobernador en temas de educación. 

Al hablar sobre la controversia durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, el secretario de Asuntos Públicos, Jesús Manuel Ortiz, afirmó que el Gobierno saldará la deuda con los terapistas tan pronto haya suficiente liquidez para cumplir con esa obligación. 

“Entendemos el llamado que están haciendo. Ellos dan un servicio y tienen que cobrar por su servicio. El gobierno está haciendo un esfuerzo para poder cumplir y que la ciudadanía tenga su servicio, y que ellos tengan el pago que se merecen”, indicó Ortiz durante la rueda de prensa, al resaltar que el viernes pasado el DH liberó cheques a estos profesionales por la cantidad de $176,895.

“El llamado que hacemos es que se unan a nosotros y que podamos, poco a poco, lograr que reciban su pago, pero que los niños no dejen de recibir su servicio. El compromiso del gobierno es que nuestro esfuerzo va dirigido a saldar esa deuda lo antes posible en la medida en que el flujo de efectivo lo permita”, agregó.

Precisó que la deuda del gobierno con sus suplidores asciende ahora a $1,800 millones debido al deterioro en las finanzas públicas.

“Ciertamente, tenemos prioridad para servicios esenciales para poder cubrir primero esos servicios. Dentro de esos servicios, hay gradaciones, y se están atendiendo distintos asuntos”, puntualizó Ortiz.