Como una estrategia para revitalizar la industria de la construcción y reactivar la economía, el Gobierno planifica enmendar la ley que viabilizó las Alianzas Público Privadas (APP) para darle paso al desarrollo de proyectos de menor escala, que podrían aumentar la participación de los municipios y pequeñas empresas en la gestión de estas iniciativas.

El proyecto de administración presentado en el Senado y la Cámara de Representantes fue avalado este martes por representantes del Ejecutivo y del sector privado, que conciben las enmiendas propuestas a la “Ley de APP” (Ley 29-2009) como un potencial motor de desarrollo económico.

La medida evaluada por la Comisión Conjunta para las APP fijaría en $50 millones el tope de la inversión en los proyectos de menor envergadura, pero esta disposición levantó algunas objeciones entre los legisladores, que conciben ese requerimiento como una posible limitación en la consideración de propuestas que podrían ser necesarias, pero cuyo costo sobrepase esa cifra.

“Se podría elaborar -y tendría el apoyo de esta servidora- que se establezca un límite (en el costo), y que el comité (Comité Permanente de Alianzas de Menor Escala) tenga discreción de considerar algunos otros aspectos que podrían redundar en una aprobación de un proyecto que exceda ese costo estimado”, manifestó Grace Santana, directora ejecutiva de la Autoridad para las APP (AAPP), en una vista pública.

Santana enfatizó que la pieza legislativa lo que busca es crear un mecanismo que flexibilice el marco jurídico vigente para agilizar la consideración y aprobación de este tipo de proyectos.

Reconoció que la Ley 29-2009 creó un proceso que ha resultado ser extenso, complejo y costoso, que a su juicio, se justifica para proyectos como la concesión administrativa de las autopistas PR-22, PR-5 y del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín por su gran envergadura y el alto interés público que revisten, pero que no se ajusta a la amplia gama de propuestas que podrían promoverse mediante ese modelo.

“De esta experiencia, ha surgido la oportunidad de cubrir las necesidades de otros sectores o áreas, tales como los municipios y las empresas pequeñas locales, con proyectos de menor envergadura que podrían llevarse a cabo mediante el modelo de alianzas público-privadas. De aquí surge la necesidad de atemperar y enfocar el marco jurídico existente… de manera que se propicie la realización de esta gama de proyectos y servicios”, dijo Santana.

A modo de ejemplo, la titular de la AAPP mencionó, entre los proyectos que podrían desarrollarse, la reparación de carreteras o puentes, o la rehabilitación de lotes abandonados para convertirlos en parques recreativos.

Santana enfatizó que la evaluación de los proyectos que se presenten continuaría siendo rigurosa, pues la medida no alteraría las disposiciones que garantizan el control del Gobierno en el proceso.

“El resto de las salvaguardas en términos de la publicidad (del proceso) y la transparencia permanecerán”, argumentó.

El proyecto de ley provee para una asignación de $2 millones en el presupuesto general del próximo año fiscal para comenzar el análisis de los proyectos de menor escala, y dispone para la creación de una subdivisión en la AAPP, especializada en promover esas obras.

Asimismo, dispone que se establezca un Comité Permanente de Alianzas de Menor Escala, que estaría a cargo de la evaluación de los proponentes y la selección de la empresa que tendría a su cargo el proyecto. Ese organismo funcionaría con cinco jefes de agencia, y su aval a un proyecto no requeriría la ratificación del gobernador, como en el trámite ordinario de las APP.

La medida, además, incluye enmiendas para aclarar cuál será el cargo que la AAPP podrá cobrar por los servicios que presta. Santana recordó que la corporación pública opera con una línea de crédito rotativa de $20 millones del Banco Gubernamental de Fomento, al que está adscrita, y aunque la ley vigente la faculta para cobrar por sus servicios, no especifica cómo hacerlo.

La funcionaria precisó que la consideración de las propuestas conlleva desembolsos cuantiosos para la entidad pública en servicios de consultoría, gastos administrativos, entre otros aspectos relacionados con cada uno de los proyectos. Mencionó que, en el caso de las tres APP que han sido aprobadas, se han desembolsado entre $8 millones y $15 millones en fondos públicos.

La medida además crearía un mecanismo para que se analicen “propuestas no solicitadas o voluntarias” que vendrían de los propios proponentes, aunque no figuren en las listas de proyectos prioritarios de las agencias gubernamentales.

Esa iniciativa fue avalada particularmente por las organizaciones del sector privado que acudieron a la vista en apoyo al proyecto, entre las que figuró la Asociación de Industriales, la Asociación de Contratistas Generales y la Asociación de Constructores de Hogares. También apoyaron la legislación la Federación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos municipales novoprogresistas, y la Asociación de Alcaldes, que reúne a sus contrapartes populares.