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Proponen darle tijera a la Ley de Hogar Seguro

Por Maritza Díaz Alcaide / [email protected] 05/05/2015 |00:00 a.m.
El proyecto es del representante del Partido Popular Democrático Charlie Hernández. (Archivo)  
Catalogan de injusta la medida porque en medio de la crisis económica muchos podrían perder la casa.

La ley que protege contra la mayoría de las órdenes de embargo del hogar principal de los puertorriqueños podría ser enmendada para limitar sustancialmente dicha protección.

Un proyecto del representante del Partido Popular Democrático (PPD) Charlie Hernández pretende fijar en apenas  $75 mil el monto que puede reservarse para sí el propietario de la casa  en caso que ese hogar le pertenezca a una sola persona.

La protección para los matrimonios sería de hasta $100 mil; y un poco más, $110 mil, si el deudor es  mayor de 62 años o se trata de una persona física y mentalmente incapacitadas que no estén en condición de sostener un empleo remunerado.

También quedarían protegidos para el dueño hasta $110 mil del valor del hogar, si el ciudadano tiene un ingreso anual menor a $25,001, o se trata de un matrimonio con un salario conjunto de menos de $35,001.

Desde 2011, todos los ciudadanos en Puerto Rico tienen garantizados el pleno disfrute de su residencia  principal –la que viven-  contra la mayoría de los embargos.

Ley 195 ha sido utilizada ampliamente por personas de todas las estratas sociales, dijo ayer el abogado experto en quiebra Manuel Suárez Cobo.

Suárez Cobo planteó que el  proyecto de Hernández es peligroso porque en la Isla, pese a la devaluación sufrida por las propiedades, apenas existen residencias con un valor de $75 mil, $100 mil y $110 mil.

De aprobarse ese proyecto, tras una sentencia de cobro de dinero lo más probable es que al demandando  le vendan o subasten su casa y con lo poco que le sobraría, no podría comprar otra.

El experto en quiebras advirtió que en Puerto Rico la mayoría de las sentencias son por cobro de dinero; las de daños y perjuicios son las menos, así que los ciudadanos que atraviesan por  dificultades económicos van a terminar siendo los más perjudicados.

“Si al Legislador lo que le preocupa es que haya injusticias en casos de daños y perjuicios, por qué baja contra todo el mundo”, cuestionó.

Suárez Cobo dijo que estas enmiendas incluso podrían utilizarse contra personas que deban $6 mil o $10 mil, una cantidad  que aunque pequeña les podría llevar a perder la casa donde vive con su familia o solo.

“Tienen que estar tratando de beneficiar a las agencias de cobro”, insistió, para resaltar que no cree que se trate de una pieza que busque proteger a las víctimas de impericia médica, porque de ser así, la limitarían a eso.

“Mucha gente está usando la Ley de Hogar Seguro; gente humilde, la clase media, los viejitos que lograron saldar su casa”, agregó el togado.

Antes de 2011, la ley apenas protegía los primeros $15 mil del valor del hogar. “Eso era una locura”, sostuvo Suárez Cobo.

El representante del PPD Charlie Hernández defiende los cambios a la Ley 195 porque entiende que el estatuto actual opera en contra de las personas que han obtenido una sentencia a su favor.

“En la práctica, la Ley 195, priva a las personas que hayan obtenido una sentencia a su favor de poder cobrar la misma. Esta situación pudiera agravarse cuando  la propiedad que se intenta embargar es una de gran valor adquisitivo y es el único activo que posee el deudor judicial”, afirma la medida.

“Esto es un acto deplorable y mezquino, especialmente cuando en estos tiempos de estrechez económica; cuando muchas personas por perder sus empleo son pueden pagar todas sus deudas”, dijo ayer  la representante del Partido Nuevo Progresista  María Milagros Charbonier.

La representante señaló que el proyecto está hecho a la medida de los abogados en casos de cobro de dinero e insistió en que en Puerto Rico no existen muchos hogares –“por no decir ninguno”- cuyo valor sea tan bajo como el mencionado en el proyecto.

Los hogares de interés social incluso superan ese valor, agregó.

Cuando se aprobó la Ley de Hogar Seguro se alegó que la misma respondía al interés del Gobierno de proteger a los contra demandas de impericia médica.

La medida, sin embargo, terminó protegiendo ampliamente la primera residencia u hogar de todo el mundo.