La eliminación de los bonos excesivos de Navidad, prohibir el pago retroactivo de aumentos salariales a empleados de confianza, uniformar el pago a estos empleados cuando regresen a sus puestos de carrera e investigar el patrón de pago de horas extras, son las principales propuestas que presentó hoy, martes, el portavoz de la mayoría popular en el Senado, Aníbal José Torres, para enfrentar la situación deficitaria de las corporaciones públicas del país.

Las propuestas están contenidas en tres proyectos de ley y una resolución radicadas hoy mismo y que deberán a ir a audiencias públicas en las próximas semanas.

El primero de los proyectos propone limitar a $1,000 el bono de Navidad que reciben los empleados de las corporaciones públicas, con lo que se equipararía al que reciben los empleados del gobierno central.

Sobre este particular Torres presentó varios ejemplos de bonos de Navidad que fluctuaron entre $2,600 y $6,000 en distintas corporaciones públicas. Estimó que solo en bonos de Navidad las corporaciones públicas pagan cerca de $95 millones al año y afirmó que con su propuesta se generarían ahorros por cerca de $40 millones.

 “No podemos seguir pagando los excesos y las malas decisiones administrativas que se tomaron en el pasado. Si en la empresa privada el bono de Navidad es de $600, cómo es posible que en nuestras corporaciones se paguen bonos navideños que superan los $6,0000. Eso ni se justifica, ni representa sana administración”, afirmó el legislador.

Interrogado sobre la existencia de convenios colectivos que sostienen esos bonos, indicó que sus proyectos incluyen una declaración de emergencia fiscal, que reconoce que prácticamente todas las corporaciones públicas operan con déficit, por lo que se podrán justificar los ajustes.

Sobre el segundo proyecto indicó que “no hay razón, ni se justifica que en este momento de crisis se otorgue aumento retroactivo alguno al personal de confianza”.

También propuso mediante legislación un límite en los aumentos que puede recibir un empleado de carrera que, tras servir en una posición de confianza, retorne a su plaza regular. La medida limita a un 10% del salario de la plaza regular el aumento que podrá recibir ese empleado para compensar su pérdida de ingreso al regresar a su puesto.

“Las corporaciones no pueden verse como fincas privadas en las que cada una sigue gastando y derrochando el dinero público, como si no fueran parte de un mismo gobierno. No pueden seguir por la libre”, declaró Torres.

Afirmó, por otra parte, que los salarios de los jefes de agencias ya están regulados por ley y censuró los aumentos salariales que se han denunciado en días recientes por algunos jefes de agencias y corporaciones públicas.