La decisión del gobernador Ricardo Rosselló de presentar legislación para eliminar el fondo electoral fue bien acogida por algunos representantes de partidos políticos, aunque analistas advierten de que se trata de una medida peligrosa.

Rosselló anunció ayer la medida, según dijo, para enfrentar la crisis fiscal y mantener la prioridad económica en proteger a los más vulnerables.

Según se ha indicado, la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico (Ley 222-2011) establece la asignación de $400,000 en año no eleccionario y $600,000 en año eleccionario para gastos administrativos de cada partido político. Esa cantidad representaría un gasto de $1.2 millones este año y más de $1.6 millones en el año 2016.

Para el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, elogió mediante comunicado de prensa la iniciativa del gobernador, pero enfatizó que hay mucho más que hacer.

"La iniciativa va en la dirección correcta, pero se queda corta. Hay que ir más lejos. Si realmente se quiere responder a la realidad de la crisis económica y fiscal actual del país, no sólo se debe eliminar el Fondo Electoral, sino que se debe eliminar también el multimillonario sistema del pareo para el financiamiento de las campañas políticas y el subsidio de transportación de electores en eventos electorales", subrayó el también Secretario General y ex Comisionado Electoral del PIP.

"Más aún, es importante acompañar estas medidas con otras. Por ejemplo: 1) reducir y restringir las contribuciones privadas de individuos y corporaciones a partidos y campañas políticas; 2) prohibir a contratistas o miembros de las juntas directivas de empresas contratantes con el gobierno donar dinero a partidos y candidatos; 3) se tiene que reducir el periodo de campaña electoral en los medios de comunicación; 4) utilizar el sistema de radio y televisión pública -WIPR- como medios de orientación e información programática de los partidos a la ciudadanía", expresó.

"Hace más de 15 años lo estoy proponiendo. Los partidos políticos, de acuerdo a  los seguidores que tienen, debe procurar (sus fondos). El PNP de acuerdo a la última elección tiene 600,0000 electores y si cada uno de ellos da tan solo un dólar al año da para operar, igual el Partido Popular y el Partido Independentista, que es mas pequeño, si cada independentista da un dólar, son $150,000. Es administrativo para pagar el personal que trabaja en los partidos políticos  durante el año", dijo Nazario.

Ante la preocupación expresada por algunos sectores de que esto facilita el inversionismo político, que los partidos dependande sectores privados con mucho dinero que ayuden a mantener sus operaciones, Nazario dijo que esto se resuelve poniendo leyes más severas que castiguen este tipo de conducta.

Mientras, algunos analistas políticos censuraron la medida, mientras otros la elogiaban, según se refleja en redes social,es.

El exasesor legislativo e historiador Nestor Duprey dijo que se trata de una venganza por el boicot.

El analista Jay Fonseca advierte de que se trata de un "golpe a la transparencia".

Para el abogado John Mudd, la esxistencia del fondo electoral no impidió inversionistas políticos como Anaudi Hernández, el exrecaudador del Partido Popular Democrático convicto a nivel federal por un esquema de fraude millonario bajo la administración de Alejandro García Padilla.