Jornadas de trabajo  interminables, acusaciones de robo, maltrato verbal y amenazas.

Esas son apenas algunas de las experiencias que les ha tocado vivir a varias mujeres inmigrantes que viajaron a Puerto Rico sin los documentos necesarios, pero buscando una mejor calidad de vida y se toparon con personas que abusaron de su vulnerabilidad.

Para ellas, la orden ejecutiva firmada recientemente por el gobernador Alejandro García Padilla, que ordena al Departamento del Trabajo (DT)  orientar sobre las protecciones laborales que cobijan a empleados domésticos, es una buena iniciativa.

 Romelinda  Grullón, directora del Centro para la Mujer Dominicana, coincide, pero a medias. Para la activista de derechos humanos, hace falta mucho más que la orden para poder garantizar los derechos de las personas que hacen trabajos domésticos, pero sin documentos de residencia. Datos informales recopilados por organizaciones sin fines de lucro apuntan a que más de la mitad de los que se dedican a esas tareas no tienen permiso de residencia en el País. 

 “Eso fuiste tú”

 María (nombre ficticio para proteger su identidad), quien lleva siete años en la Isla procedente de República Dominicana y no tiene  familiares aquí, trabajó varios años en una casa en la que su patrona no perdía oportunidad para achacarle las cosas perdidas. La mujer  la hostigaba diciéndole que  ella era la única a quien se podía culpar.

“Yo siempre era la que pagaba con todo... Te dicen ‘mira, falta algo en la casa’, o ‘yo dejé 40 pesos ahí y no están’ y después siempre aparecen las cosas, los chavos en un pantalón o algo... Si se rompía algo también era siempre yo”, relató frustrada.

En otra casa le reclamaron las ausencias. María asegura que se enfermó y debía acudir a unas citas médicas,  pero le descontaban pagos aunque repusiera las horas. 

Más recientemente acordó de forma verbal hacer unas tareas específicas por una cantidad de dinero. Pero después la mujer le dio cuatro o cinco trabajos adicionales por el mismo precio. Al final del día ni siquiera le pagó el monto completo.

“No volví. ¿Me iba a matar de las 8:00 a.m. a 4:00 p.m. por 50 pesos? ¡No!”, expresó.

Turnos de 12 horas sin pago doble

 Janet Gómez,  también de República Dominicana y quien lleva 10 años en la Isla, ha tenido múltiples trabajos, casi todos de limpieza o cuidando enfermos. Los primeros años tuvo turnos de 12 horas por las que le pagaban apenas $50. Eso equivale a $4.17 la hora, mucho menos del salario mínimo federal. Otras veces tuvo que aceptar  $30 por un día o $3.75 la hora.

Una vez trabajó en una cafetería y le pagaban menos que al resto de los empleados. El dueño del negocio le dijo que podía desayunar y almorzar de lo que se cocinaba para la venta y que con eso “compensaba”. Sin embargo, al servirse y guardar su plato de comida, el individuo insinuó que estaba robando. Ella le reclamó que para no tener problemas le pagara lo mismo que al resto de las personas y el propietario no quiso. 

“¿Y qué iba a hacer? Pues me fui. Uno ha tenido que tomar trabajos de $30 el día y además por las situaciones económicas que uno ha tenido, por la necesidad, pero sí se abusa... y que denigren a uno por no tener un estatus legal, eso es lo peor que hay en el mundo”, confesó.

¿Suficiente?

 Grullón entiende que la orden ejecutiva 2016-004  del 5 de febrero es un paso de avance importante.

El documento ordena al DT a orientar y promover que se cumplan las protecciones laborales que cobijan a los empleados domésticos. La agencia también debe fomentar que se hagan contratos por escrito entre el empleado y el patrono y crear modelos de esos contratos.

No obstante, Grullón cuestionó la utilidad de la orden como solución a los graves problemas que viven las mujeres indocumentadas que hacen trabajo doméstico, sin que se apruebe una reforma migratoria integral.

La activista comunitaria afirmó que es muy poco probable que una persona formalice un contrato con su empleada doméstica indocumentada porque hay una  ley que penaliza ese tipo de relación contractual.

En todo caso, se puede perpetuar la práctica de aceptar condiciones de menor salario o explotación con tal de que el patrono no vaya ante la agencia federal de inmigración a denunciarlo.

“Podemos decir que cinco de cada 10 migrantes dominicanos que residen en Puerto Rico son indocumentados. ¿De qué forma el Departamento del Trabajo les va a poder garantizar esos derechos?”, manifestó Grullón.

Iván Avilés, educador laboral del DT, reconoció que no hay un plan de trabajo formal para las orientaciones porque a su juicio es lo que siempre se hace en las 14 oficinas regionales. Negó que se trate de una contradicción fomentar la contratación cuando se penaliza tener empleados indocumentados, ya que lo que se busca es que las personas conozcan sus derechos y obligaciones.

Asimismo, dijo que es mentira que los patronos vayan a denunciar a un empleado indocumentado porque entonces se exponen a multas administrativas.

Según Avilés, la agencia como política pública no puede fomentar la contratación de un empleado indocumentado, pero sí puede asegurarse de que a cada trabajador se le pague lo que le corresponde. 

“Si un trabajador indocumentado me dice: ‘Trabajé y este patrón se aprovechó de mis condiciones y me pagó menos del salario mínimo federal’, sí vamos a hacer la intervención para cobrar esas partidas... y no vamos a chotear a esa persona, por así decirlo, a Inmigración”, aseguró. 

Al cierre de esta edición el Departamento del Trabajo no tenía disponible estadísticas de cuántos casos de indocumentados atendieron en el pasado año.