La Coalición pro consentimiento informado y vacunación no compulsoria denunció hoy la intención de la Cámara de Representantes de aprobar un proyecto que haría obligatoria la vacunación de menores de edad sin la necesidad del consentimiento de los padres o tutores. 

El Proyecto de la Cámara 1303 (P de la C 1303) "para crear la nueva Ley de Vacunación de Menores y Estudiantes”, entre otras cosas, expone que “los estudiantes o menores de edad exentos de las disposiciones de esta ley, podrán ser vacunados durante una epidemia, según lo determine un representante autorizado del Departamento de Salud, con previa notificación a padres o tutores, pero sin necesidad del consentimiento de los padres o tutores”, informó el grupo en declaraciones escritas.

El proyecto también establece la vacunación como condición para aceptar el ingreso de los estudiantes en las escuelas. 

La Coalición está compuesta por organizaciones civiles, movimientos comunitarios, familias e individuos que se han unido con el fin común de crear conciencia sobre los efectos de las vacunas y la importancia de consentir las mismas de manera informada.  Los planteamientos de la organización están basados además, en la defensa y la protección de los derechos de patria potestad, la libertad de conciencia, el libre y verdaderamente consentimiento informado y el derecho constitucional a la educación.

“De manera peligrosa para nuestra democracia, el P de la C 1303 se aleja de la más noble protección de los derechos básicos y humanos.  Los padres tienen el derecho fundamental para dirigir la educación, crianza y cuidado de sus hijos.  El gobierno no debe coaccionar a los padres a administrar procedimientos so pena de violentar el derecho constitucional a la educación”, señaló Adrián Díaz, portavoz de la Coalición en comunicado de prensa. 

“La Carta de derechos del paciente expone que debemos tener la oportunidad real de participar en forma significativa en las decisiones relacionadas al cuidado médico y la opción de rehusar o no recibir un tratamiento.  Ese derecho es extensivo a nuestros hijos”, agregó el también abogado.

Díaz expresó preocupación por la deficiente o total ausencia de orientación a los pacientes en la práctica de la vacunación en Puerto Rico.  “La ley federal obliga a que se notifique una hoja de información a los pacientes, conocida Vaccine Information Statement (VIS) antes de suministrarse una dósis de vacuna. Ésta provee información general sobre las vacunas y advierte que si se es alérgico a un componente de la vacuna se tenga precaución o no se administre.  De igual modo, le instruye al paciente a notificar en caso de presentar alguna reacción adversa.  Sin embargo, la hoja no indica cuales son los componentes de la vacuna. La consecuencia de esta falta de divulgación de información conlleva un consentimiento no informado u obtenido de forma deshonrosa que puede poner en riesgo la salud y la vida. En ésta además, se informa a una posible víctima sobre su derecho a reclamar al Fondo de compensación, estipulado por ley federal, que ya ha pagado $4 billones.  En Puerto Rico, esta hoja, por lo general no se entrega a los pacientes y el Departamento de Salud no interviene o vela porque se cumpla”, aseguró el letrado.  

Datos recopilados por la Coalición, demuestran, que tras la creación de la ley federal en 1986, que concede inmunidad a las farmacéuticas para no ser demandadas, la cantidad de vacunas aumentó exponencialmente.  De unas 10 inyecciones suministradas en el 1983, incrementó a unas 38 en el 2013 y posteriormente, a unas 60 en el 2018. Se estima que hay más de 200 vacunas en desarrollo. 

“Actualmente los propulsores de las vacunas no proveen información sobre la cantidad y los efectos acumulativos de aluminio contenidos en éstas y que terminan inyectándosele a nuestros hijos. Aprobar el P de la C 1303, sería violar los derechos de nuestros niños y el de nosotros como padres, pero peor aun, sería interponer los intereses económicos por encima de la salud del pueblo, alegó Díaz. 

Este emplazó además al Secretario de Salud, a quien la organización alegó haber solicitado reunión en más de una ocasión y cuya respuesta no ha recibido. 

“Una medida que afecta al 100% de los nacimientos en Puerto Rico, requiere del tiempo necesario para realizar un análisis profundo. Además, como parte de cualquier proceso de análisis y ponderación, debe tomarse en cuenta los planteamientos y preocupaciones de los padres, individuos y grupos de criterio independiente que no tenemos conflicto de intereses con industria o fabricante alguno. Deseamos participar de forma abierta y pública en la discusión de ésta u otras medidas relacionadas”, añadió Díaz.

Por otro lado, la coalición solicitó la intervención legislativa para que la actual directriz del Secretario de Salud que condiciona la expedición del certificado de vacunación y la matrícula de agosto, 2018 a la vacuna del virus del papiloma humano permanezca voluntaria y no compulsoria. “Este virus no es una causa directa de cáncer, contrario a los alegatos publicitarios de las farmacéuticas, y mucho menos es una condición transmisible en un aula de estudio. No hay razón para condicionar la educación a esta vacuna. El derecho constitucional a la educación se honra, no se obstaculiza”, puntualizó el portavoz de la Coalición.

La Coalición pro consentimiento informado y vacunación no compulsoria está integrada por la Alianza de Autismo de Puerto Rico, Alerta Puerto Rico, Centro Margarita, Coalición puertorriqueña por amor a la niñez, Encuentro de familia, Fieles A La Verdad, Fundación Rebecca Rivera Tull, la pediatra Luisa Burgos y Mujeres Por Puerto Rico, entre otros.