La Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Desastres (Aemead) respalda un proyecto de ley que otorgaría autoridad a personal de rescate y seguridad para desalojar a personas que se nieguen a abandonar áreas donde estén en peligro inminente.

El proyecto del Senado 218 busca establecer, entre otros asuntos, que en situaciones de emergencia - decretadas por el gobierno - el personal de la Aemead estará inmune a demandas por daños y perjuicios cuando "realice un arresto de cualquier persona que obstruya las labores de desalojo, búsqueda, reconstrucción o evaluación e investigación de daños, poniendo en riesgo su vida o la de otras personas".

El mismo principio también se aplicaría contra toda persona "que persista en realizar cualquier actividad, incluyendo aquellas de índole recreativo que pongan en peligro su vida o la de otras personas, después de haber sido alertada por las autoridades una vez se haya declarado un aviso de azote de huracán por las autoridades pertinentes, o mientras esté vigente un estado de emergencia promulgado por el Gobernador de Puerto Rico mediante una Orden Ejecutiva o cualquier situación de emergencia"

"Hace un mes, nosotros apoyamos el proyecto para hacer compulsorio el desalojo, por ley", dijo a este medio el director de AEMEAD, Miguel Ríos Torres.

 "Si se aprueba ese proyecto, tendríamos un recurso adicional para proteger la vida y la propiedad de la gente", agregó.

Según el funcionario, actualmente no tienen "potestad para mover a personas entre 21 y 60 años".

Para el director de rescate de la AEMEAD, Nino Correa, son incontables los casos en los que rescatistas han arriesgado sus vidas para buscar a personas que originalmente rechazaban abandonar lugares en los que corrían peligro, como casas en áreas sujetas a inundaciones durante fenómenos de lluvia extrema y de bañistas que se adentran al mar pese a las advertencias de oleaje alterado por fenómenos atmosféricos.

"Definitivamente esto (de aprobarse el proyecto) nos ayudaría mucho. Enfrentamos muchas situaciones porque las personas entienden que es decisión propia la de moverse de un lugar o no", manifestó Correa.

"Cuando suceden esas cosas, se exponen la vida de muchas personas”, agregó Correa al recordar, a manera de ejemplo, el caso de una mujer que rescataron a duras penas durante el paso del huracán Georges en 1998.

En aquel entonces, cuando trabajaba en Manejo de Emergencias en Carolina, la mujer se negó a salir de su residencia en dos ocasiones que se lo pidieron y después respondieron a su llamada de auxilio, desafiando inundaciones y vientos huracanados.

"Su casa quedaba como cinco o diez minutos de la oficina en carro, pero nos tardamos casi dos horas en llegar", recordó. "Había inundaciones y palos caídos por todas partes".

 "Nos tuvimos que bajar como cuatro veces del camión para picar árboles y después tuvimos que dejar el camión como a un cuarto de milla porque la inundación era terrible", añadió. "Cuando llegamos, dentro de su casa ya había como cinco pies de agua".

El proyecto de ley, de la autoría del senador Ángel "Chayanne" Martínez, se encuentra pendiente en la Comisión del Senado de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos, en espera de las ponencias con opiniones de varias agencias del gobierno.

El presidente de dicha comisión, Miguel Pereira, no quiso pasar juicio sobre la iniciativa antes del proceso de las vistas públicas, pero no pudo ocultar algunas objeciones que presentaría al momento de discutirse.

"La evacuación forzosa de personas de sus hogares, no obstante el peligro, es una cosa contraria a lo que sería la libertad", dijo Pereira, quien fue superintendente de la Policía.

"Imagínate el escenario más terrible, que no te quieras ir y cómo es que te saca el gobierno de tu casa. ¿Enviamos agentes de la Policía a que arrastren personas a vehículos oficiales o cómo es que hacemos?", cuestionó.

Según Pereira, la obligación del gobierno llega hasta la notificación del peligro a los ciudadanos y "tiene que aceptar" cuando una persona no quiere salir de su propiedad, aunque esté en peligro.

Asimismo, el senador dijo que lo mismo aplica para las personas que se adentran al mar, como los surfistas, pese a las advertencias sobre condiciones adversas del mar.

"El gobierno tiene la obligación de advertirte de los peligros, pero tú eres el dueño de tu nave. Si te quieres ir a surfear, el gobierno te tiene que advertir que el gobierno no va a exponer la vida de ningún funcionario público tratando de aliviar la dificultad en la que te metiste porque te dio la gana", comentó.

Pereira dijo que no es la misma situación a cuando la Policía establece un perímetro que impide el paso de los ciudadanos, respondiendo a una función policiaca ya establecida, incluyendo el manejo de personas agresivas y la custodia de evidencia.

En cambio, señaló Pereira, "si una persona llega a un puente y el puente está desplomado, el policía tiene la obligación de impedir tu paso, pero si le quieres dar la vuelta al policía y te quieres tirar al río crecido por otro lado, pues te tiraste".

"La Policía de un país no está para evitar que los ciudadanos tomen decisiones que los lastimen. Está para informarle al ciudadano cosas que el ciudadano necesita saber para tomar una decisión informada de las consecuencias posibles del acto que está a punto de hacer", sostuvo.

Pero, para un rescatista, hacerle caso omiso a una llamada de auxilio, aunque sea de una persona que haya obviado las advertencias, no parece ser una opción.

"Si cae la llamada aunque haya huracán hay que atenderla", expresó Correa.

"Una ley como esa nos va a ayudar a manejar todo con más tiempo", afirmó. "Si hay peligro inminente en algo, tener esa autoridad para ordenar a las personas a que se muevan, va a ir a favor de todos".