Puerto Rico se unió hoy a la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, sumido en un debate social recién reabierto sobre si se debe recuperar la pena de muerte, una opción contra la que Amnistía Internacional reclamó absoluta firmeza.

"Nosotros nos oponemos tenazmente a la pena de muerte por cualquier razón", aseveró hoy en entrevista con Efe el director ejecutivo de Amnistía Internacional en Puerto Rico (AIPR), Pedro Santiago, durante una celebración que se llevó a cabo en la Ventana al Mar, en el sector turístico sanjuanero de Condado.

Allí, desde las 12.00 del mediodía y por doce horas consecutivas, casi una docena de personas participan del Maratón de Cartas que celebra Amnistía Internacional en otros 80 países más en apoyo a personas cuyos derechos humanos han sido violentados.

Santiago resaltó que Puerto Rico ha sido "paladín" sobre su rechazo a la pena de muerte, práctica que la isla caribeña abolió en 1929.

Su Constitución, de 1952, prohíbe este castigo, pero al ser un territorio de Estados Unidos las autoridades judiciales federales sí podrían imponerla, aunque su aplicación (la ejecución del reo) tendría que ser fuera de la isla.

"Cada vez que se hace mención sobre la pena de muerte en Puerto Rico, hacemos nuestra denuncia y educamos a la gente sobre que la pena de muerte no es ninguna buena idea ni solución contra la criminalidad", dijo Santiago.

Lamentó que cada vez que en Puerto Rico ocurre un crimen particularmente escabroso, las personas se expresan "preocupadas, frustradas o con rabia" y piden que se recupere la pena de muerte.

En esta situación se encuentra ahora precisamente la isla, después de que a finales de noviembre dos jóvenes asesinaran a cuatro miembros de una familia en su residencia del acomodado barrio de Guaynabo, a las afueras de San Juan.

Los fallecidos en este suceso, desencadenado por el intento de desahucio de uno de los acusados por el impago del alquiler de un apartamento propiedad de la familia, fueron el padre, un exmilitar de 66 años, su esposa y la madre de esta, ambas peruanas, y el hijo de la pareja, de 15 años.

El otro hijo de la pareja, de 13 años, sobrevivió después de presenciar cómo ejecutaban a los demás y de que los asesinos trataran de matarlo acuchillándolo, estrangulándolo y tirándolo por un puente.

Su estremecedor testimonio encendió los ánimos de la sociedad puertorriqueña, más acostumbrada a los asesinatos de jóvenes relacionados con el narcotráfico y los ajustes de cuentas.

"Son situaciones muy lamentables, no obstante, como sociedad tenemos que trascender ese dolor y hacer un marco legal más justo", sostuvo el portavoz de Amnistía Internacional.

"La razón principal por lo que nos oponemos a la pena de muerte es porque es un castigo cruel e inhumano. Además, tenemos estudios que apuntan que la pena de muerte no es ningún disuasorio para la criminalidad", añadió.

Incluso el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, se expresó recientemente en contra de la pena de muerte al describirla como una "aberración social".

"La pena de muerte es una aberración social que debería ser extirpada de la humanidad", afirmó García Padilla en respuesta al clamor popular surgido para que se retome la aplicación de esta pena.

Según Amnistía Internacional, los países que practican la pena de muerte son más violentos que los que no ejercen este castigo.

El caso más reciente en el que un puertorriqueño se vio cerca de la pena capital fue el de Alexis Candelario Santana, declarado culpable en marzo de 2013 en un juicio federal por la muerte de ocho personas, aunque la falta de unanimidad del jurado impidió su ejecución, que hubiera tenido que celebrarse en Estados Unidos.

Durante la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos en la capital puertorriqueña, los participantes llenaron cartas sobre cinco casos emblemáticos relacionados con la libertad expresión, el acceso a la salud materna, la identidad de género, la responsabilidad empresarial y la oposición a la tortura.

Además, participaron diversas organizaciones como la Coalición contra la Pena de Muerte, otra por la libertad del preso puertorriqueño Oscar López Rivera y Puerto Rico para Tod@s, dirigida por el activista de los derechos de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transgénero y transexual (Lgbt), Pedro Julio Serrano.