A pesar de que el Tribunal Apelativo detuvo el cobro por las inspecciones de furgones en los puertos el pasado octubre por que la Autoridad de Puertos (AP) dejó vencer el reglamento en el 2014, la agencia reinició hoy el cobro a todos los importadores mediante un nuevo reglamento de emergencia.

Ante esta situación, los empresarios cuestionaron el hecho de que AP comience a cobrar nuevamente sin haber realizado un análisis de costo-beneficio ni dar espacio para discutir el asunto en vistas públicas.

De hecho, la AP había convocado vistas públicas hoy sobre otro reglamento relacionado, lo cual los importadores entienden que se trata de un ejercicio de sutilidad ya que comenzaron el cobro sin dar oportunidad al proceso.

La agencia basa su actuación inmediata en una declaración de necesidad apremiante del gobernador Alejandro García Padilla, de acuerdo a la notificación cursada, donde se establece que el sistema de inspección de furgones, cuyo costo sobrepasa los $100 millones desde su implementación en 2011, sólo ha podido recaudar $322,000 en evasión. La certificación ejecutiva no menciona hallazgos de drogas y armas, uno de los principales objetivos del programa.  

Para el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes Alfonso, éste es otro ejemplo de que no existe voluntad de realizar los cambios necesarios para salir de la crisis en la que nos encontramos.

“El programa ha sido un fracaso desde su inicio y nos cuesta demasiado darle $20 millones anuales a una empresa del extranjero que evidentemente no ha cumplido con los objetivos. Se ha convertido en un mero peaje o impuesto a la importación de mercancías sin que exista mejoría en seguridad ni en recaudos que justifique la inversión”, afirmó el Reyes Alfonso en comunicación escrita.  

“Hacemos un llamado urgente a la actual administración y a la administración entrante para que detengan este despilfarro innecesario y no permitan su reinicio atropellado. Nuestra economía necesita desesperadamente que se reduzcan los costos de hacer negocios y ésta es una oportunidad de oro por tratarse de algo innecesario que ahorraría al menos $20 millones anuales a los consumidores. Mientras el gobierno y la Junta Fiscal se están rompiendo la cabeza buscando maneras para reactivar la economía y consideran reducir empleos públicos, beneficios y servicios esenciales, aquí tenemos un 'mangó bajito', por lo que no entendemos la insistencia”, añadió el ejecutivo de MIDA.

Según Reyes Alfonso, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos siempre ha estado a cargo de supervisar la entrada de mercancías a la Isla y ha sido mucho más efectiva, por lo que éste es un gasto redundante que se le puede ahorrar al consumidor y a los empresarios.

“Como poco, la administración saliente debe detener este proceso atropellado en pleno período navideño y de transición, permitiendo a la nueva administración, que está obligada a efectuar recortes importantes a partir de enero, realizar las evaluaciones pertinentes”, señaló.

Por otro lado, Reyes Alfonso llamó la atención a que el contrato con la empresa proveedora de este servicio es por 10 años, pero dispone que en el séptimo año se puede optar por una extensión de cinco años adicionales.  

"Según nuestros cálculos, ese término ocurre precisamente en estos días por lo que el país, el nuevo gobierno y la Junta de Control Fiscal deben tomar nota para evitar esa renovación sin que al menos ocurra una evaluación a la luz del contexto fiscal actual y los resultados del proyecto", apuntó.