Queja y demanda contra Liza Fernández

12/04/2012 |
Acciones judiciales le achacan a Liza Fernández cometer perjurio y faltar a la ética profesional al supuestamente conseguir un expediente de forma ilegal. (Archivo)  
Acciones judiciales le achacan cometer perjurio y faltar a la ética profesional al supuestamente conseguir un expediente de forma ilegal.

La senadora saliente –y desde ayer nominada como jueza superior– Liza Fernández tiene lo que parece ser unas manchas en su récord: una queja ante el Tribunal Supremo por presuntamente faltar a la ética como abogada al conseguir de manera ilegal un expediente, y una demanda civil por daños y perjuicios en que se le imputa calumnia y perjurio.

Ambas acciones están relacionadas con una empleada del Municipio de San Juan, quien asegura haber sido víctima de persecución cuando denunció un alegado patrón de irregularidades en el Centro Más Salud de Puerto Nuevo.

Milagros Dávila Santana ha dicho que tan pronto dio la voz de alerta, en lugar de investigar, los supervisores –incluyendo el alcalde saliente, Jorge Santini, a quien demandó por separado– tomaron represalias en su contra.

Santini no salió públicamente a desmentir las alegaciones, sino que lo hizo Fernández, diciendo que Dávila lo que buscaba era pasos por mérito.

La empleada entonces presenta la demanda civil que sigue activa en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Como parte de ese proceso, Dávila fue citada a testificar y allí se enteró de que el abogado de Fernández, Héctor Díaz Olmo, tenía su expediente y este le aseguró que lo obtuvo por medio de una orden del tribunal, pero Dávila señala que no es cierto.

“No hay prueba alguna de que este expediente haya sido obtenido legalmente pues tampoco hay recibos oficiales de la sección de finanzas como pagado, el cual, según el Reglamento del Municipio de San Juan, es otro de los requisitos”, reza la queja presentada por Dávila.

El abogado de Fernández renunció posteriormente a ser su representante legal y confesó que la legisladora “fue quien le había entregado el expediente”, según la queja.

Aunque esa acción no se ha visto en sus méritos, el Tribunal Supremo regañó a Fernández por incumplir con el Registro Único de Abogados y Abogadas, que les impone a todos los letrados “la obligación de mantener al día su información de contacto”.

“En vista de que tanto su dirección para notificaciones como los números de teléfono no están actualizados, agradeceremos que realice los cambios pertinentes lo antes posible”, establece la carta del máximo foro judicial del país, copia de la cual obtuvo este diario.

El Supremo está a la espera de que Fernández conteste para tomar una decisión.

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