En momentos en que su agencia se encuentra inmersa en investigaciones relacionadas a la huida de confinados de instituciones carcelarias del país, el secretario interino del Departamento de Corrección y Rehabilitación José Aponte Carro, presentó hoy un paquete de medidas para reformar el sistema de seguridad en las cárceles con el fin de mitigar los problemas de contrabando, fugas y violencia en las instituciones.

Aponte Carro dijo que la pesquisa sobre la fuga de tres confinados el pasado viernes de la sección de máxima seguridad conocida como Ponce 1,000, está encaminada, al tiempo que indicó que el supervisor de esa prisión, el teniente Samuel Pérez, fue trasladado al centro correccional de Mayagüez.

“Son tres turnos hay distinto personal, no es tan sencillo”, respondió en una rueda de prensa al hablar sobre los avances de la investigación.

Aponte Carro respondió que espera que la búsqueda de Erick Torres Quiñones, de 23 años, Gamaliel Valentín Vega, de 24 años, y José del Valle Gómez, de 30 años rinda frutos muy pronto y pueda anunciar su captura, al tiempo que recordó que la Unidad de Arrestos Especiales de la agencia tiene un 96% de resultados en la captura de fugitivos.

Sin embargo, el funcionario dijo desconocer los resultados de la investigación sobre la fuga de dos peligrosos confinados de la cárcel Regional de Bayamón en junio del año pasado al atacar al oficial de custodia Víctor Vázquez Rodríguez, quien los transportaba solos hacia el Centro Médico Correccional. Ni siquiera parecía conocer sobre el incidente, a pesar de que precisamente fue en la cárcel de Bayamón donde se celebró la conferencia de prensa.

Durante el día de hoy Aponte Carro se reunió con los superintendentes de las 38 cárceles del país, el consejo de capitanes y los jefes de las unidades especializadas para recalcar cuál es su responsabilidad dentro de la agencia y con las poblaciones de confinados.

El funcionario también indicó que le solicitó a todos los superintendentes de las prisiones que le entregue un plan de trabajo con medidas para reforzar la seguridad, ya que organizó un equipo para llevar a cabo visitas sin anunciar con el propósito del que el grupo externo pueda identificar las deficiencias en cada una de las dependencias.

Se designó también a Jaime Carabal Pérez, como nuevo jefe de la Unidad de Operaciones Tácticas, quien se encargará de que las unidades antidisturbios sean reforzadas con el equipo K-9 y se encarguen de la vigilancia en los perímetros de las cárceles para evitar el contrabando de celulares y drogas mediante el mecanismo de “picheo” o lanzar por encima de la verja estos artículos, cuyo valor se triplica entre los confinados.

Además, se creó una Unidad de Operaciones Tácticas en la cárcel Sabana Hoyos de Arecibo.

En la rueda de prensa Aponte Carro insistió en que su visión está dirigida a la rehabilitación de los confinados, pero admitió que los índices de incidencia rondan el 63%.

“Nuestro interés es que ese número baje dramáticamente, pero no lo podemos hacer mientras se mantenga la entrada de drogas en nuestras cárceles”, sostuvo el funcionario.

Por su parte, el teniente coronel David Cruz, no pudo ofrecer las estadísticas sobre las incautaciones de material de contrabando, como sustancias controladas y celulares, a pesar de que la conferencia de prensa se desplegaron dos pancartas a cada lado que leían “Golpe al Contrabando”. Se limitó a indicar que se ha ocupado heroína, cocaína, marihuana, cargadores y celulares con un valor de $1.5 millones.

Aponte Carro, anunció también la adquisición de un sistema portátil para la detección de metales como fisgas y celulares en las instituciones penales. Cuentan con 27 aparatos disponibles para rotarlos por todas las prisiones, explicó.

También anunció que le sometió al presidente de la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos, senador Miguel A. Pereira Castillo, un proyecto para enmendar la ley que regula la entrada de contrabando a las cárceles para que se le pueda aplicar a otras instalaciones fuera de una institución penal, como lo serían los tribunales e instituciones hospitalarias.

Además, propuso legislación para que se les permita a los oficiales correccionales radicar casos en los tribunales.

Sobre los problemas de falta de suministro de agua potable en la cárcel Las Cucharas de Ponce, afirmó que dentro de los próximos cinco días espera que se corrija completamente la avería.