El juez Luis Vélez Vélez, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, determinó causa probable para el arresto, en ausencia, contra cinco miembros de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) que se alega bloquearon ilegalmente la entrada a la planta generadora de electricidad Costa Azul en Guayanilla y unas instalaciones de la Autoridad Energía Eléctrica (AEE) en Yauco como parte de la huelga decretada desde el martes, informó el fiscal de distrito interino de Ponce, Ángel García.

El fiscal explicó, en un comunicado de prensa, que los imputados fueron identificados como Daniel Moreau Merced, Julio Seda Romero, Monserrate González Caraballo, Hernando Figueroa Crespo y Eludino Velázquez Cortés.

De inmediato, el presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, denunció que la fiscalía de Ponce sometió el caso en ausencia, pese a que tenía toda la información de los abogados y los acusados, para provocar que estos se quedaran presos todo el fin de semana. “Sí, porque no hay tribunal en el fin de semana”, afirmó.

Dijo que hasta el lunes próximo, los cinco miembros de la Utier no se entregarán. No descartó radicar querellas éticas al Tribunal Supremo contra el fiscal de distrito de Ponce y el juez Vélez Vélez, ya que ambos conocían de la disposición de los acusados de comparecer a la vista.

Figueroa Jaramillo señaló, además, que los miembros de la Utier acusados son perseguidos como “criminales” por la Unidad de Arrestos Especiales de Ponce.

De hecho, denunció que sin mediar una orden del tribunal allanaron la casa de Figueroa Crespo y confiscaron su auto “en una clara violación de los derechos civiles”. 

 "Mientras los criminales del país negocian la entrega, a nuestros compañeros los están persiguiendo como perros... No somos delincuentes ni criminales, los verdaderos delincuentes y criminales son precisamente aquellos que pretenden robarse la autoridad para entregarla a sus amigos y privatizadores", afirmó Figueroa Jaramillo en conferencia de prensa frente a la sede de la AEE en Santurce.

El líder de la Utier no quiso indicar dónde se encuentran los miembros de la unión que son buscados por la Policía. Se limitó a indicar que sus abogados negocian la entrega con las autoridades.

Se les acusa de sabotaje y obstrucción

Con relación a los supuestos actos de sabotaje reportados en Yauco, Moreau Merced enfrenta un cargo por sabotaje a servicios públicos esenciales, resistencia u obstrucción a la autoridad pública y restricción de libertad, mientras Seda Romero enfrenta un cargo por restricción a la libertad.

Relacionado a los incidentes ocurridos en Guayanilla, González Caraballo enfrenta dos cargos por sabotaje a servicios públicos esenciales y uno por resistencia u obstrucción a la autoridad pública. Mientras, Figueroa Crespo enfrenta un cargo por sabotaje a servicios públicos esenciales, resistencia u obstrucción a la autoridad pública y alteración a la paz; y Velázquez Cortés enfrenta un cargo por sabotaje a servicios públicos esenciales y resistencia u obstrucción a la autoridad pública. Como parte del proceso fueron confiscados tres vehículos.

El presidente de la Utier indicó que a González Caraballo le impusieron una fianza de $100,000. Para los restantes cuatro arrestados, entre tanto, la fianza ascendió a $50,000. 

Por otro lado, El Departamento de Justicia indicó que los trabajares unionados no comparecieron a la Sala de Investigaciones del Tribunal de Ponce, según habían sido citados, por lo que la vista de determinación de causa para arresto (Regla 6) fue celebrada en ausencia.

No obstante, Figueroa Jaramillo negó esa versión.

Alegó que ayer, viernes, los unionados y los abogados se presentaron a la Sala de Investigaciones del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, donde les hicieron esperar por horas. 

“Luego de aguardar por espacio de más de cinco horas, y luego de varias llamadas a la fiscalía de Ponce para saber si se iban o no a someter las acusaciones, se coordinó con el juez Luis Vélez Vélez, recién nombrado y confirmado por la administración de Luis Fortuño el 30 de marzo de 2012, para que los compañeros citados y sus abogados pudieran retirarse a sus casas comprometiéndose a comparecer al tribunal cuando finalmente se fueran a someter sus casos”, expuso.

Añadió que “aprovechando la ausencia de los abogados y los compañeros citados, una vez éstos se retiraron, en clara violación a lo dispuesto en Regla 6 (a) de Procedimiento Criminal que establece como excepción a someter los casos en ausencia cuando se cumple con las formalidades que cumplieron los abogados y los compañeros citados, se sometió en ausencia los casos. Y el mismo juez, con conocimiento de las gestiones hechas por los abogados y sus clientes, procedió a determinar causa y fijar fianzas excesivas”.

Dijo que por esta radicación de cargos sin seguir las normas expuestas es que podrían radicarles un caso ético en el Tribunal Supremo al fiscal de Ponce y al juez Vélez Vélez.

“La Utier se mantendrá firme en sus justos reclamos a la AEE y expresa a sus afiliados que no les abandonará frente a las injusticias, abusos, chanchullos y agresiones de las cuales puedan ser objeto por parte de un gobierno y una administración insensible”, puntualizó Figueroa Jaramillo.