Por entender que es innecesario, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), rechazó este miércoles un proyecto de ley que le impediría cobrar a un abonado nuevo cualquier deuda pendiente que haya dejado un cliente anterior en la misma propiedad, y le prohibiría que por esas mismas razones deniegue la instalación del servicio de agua potable.

Gustavo Marín, director ejecutivo de Servicio al Cliente de la AAA, negó ante la Comisión cameral de Asuntos del Consumidor y Prácticas Anti Monopolísticas que la corporación pública opere de esa manera, aunque la Oficina del Procurador de Ciudadano y la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles aseguraron por separado que esa práctica existe actualmente.

"Lo que propone esta medida está actualmente regulado y contemplado en la reglamentación de la Autoridad. Por lo cual, entendemos que no es necesaria", manifestó Marín en representación del presidente ejecutivo de la AAA, Alberto Lázaro.

 El funcionario de la AAA recalcó que las deudas correspondientes al servicio de agua potable son "obligaciones personales", y destacó que el Reglamento sobre los Servicios de Agua y Alcantarillado, aprobado en el 2003, dispone que la práctica de esa entidad pública es reclamar los balances pendientes de pago a los abonados o los usuarios.

Indicó, además, que la reglamentación establece que todo abonado será responsable de los servicios prestados bajo su nombre, y que ese deber solo cesará cuando haya solicitado oportunamente la terminación del contrato con la AAA. Ese documento también dispone que los usuarios que no sean abonados, pero que se beneficien de los servicios en la propiedad, serán responsables solidariamente por el pago de la factura.

"Estos mecanismos que posee y utiliza la Autoridad son de suma importancia para asegurar el cobro de los balances pendientes de pago, de manera que esta pueda operar sobre bases económicas que le permitan ser autosuficiente", sostuvo Marín.

"La Autoridad no tiene la necesidad de negarse a prestar sus servicios a un nuevo abonado que no tiene ninguna deuda con la Autoridad por la deuda de otro abonado, como se menciona en la exposición de motivos de la medida", abundó.

Hace dos semanas, la Cámara de Representantes aprobó en sesión un proyecto con el mismo objetivo, pero referente a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Esa medida se encuentra ahora ante la consideración del Senado.

La procuradora del Ciudadano, Iris Miriam Ruiz, advirtió este miércoles que esa oficina ha recibido quejas de consumidores por el cobro de deudas que no les corresponden tanto en la AAA como en la AEE.

"Cobrar a un cliente nuevo por una deuda por la cual él no contrató, ni recibió el servicio o beneficio alguno constituye un acto indebido contra un ciudadano", dijo Ruiz por voz del licenciado Rolando Meléndez, quien acudió en su lugar.

Mientras, Ivette Pasarell, presidenta de la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles, detalló varios casos de ciudadanos que no han podido alquilar sus viviendas por las deudas que la AAA les ha cobrado de abonados que se han mudado del inmueble sin pagar por el servicio básico.

"Esto no se puede seguir sosteniendo. Estas medidas desalientan la inversión en el sector inmobiliario, aumenta la morosidad hipotecaria y abona a una mayor tasa de ejecuciones, a la vez que hay pérdidas de capital... Esta mala práctica está ocasionando que cada vez sean menos las personas que deseen arrendar", argumentó.

Pasarell sugirió que se enmiende la medida para aclarar que la AAA no podrá cobrar las deudas pendientes a los nuevos abonados ni a los dueños de las propiedades donde se solicita la instalación del servicio.

El representante Nelson Torres Yordán, presidente de la comisión legislativa, discrepó de los argumentos presentados por el director ejecutivo de Servicio al Cliente de la AAA sobre lo innecesario de la medida al afirmar que legislar la prohibición le da más fuerza a la normativa de esa corporación pública y mayor continuidad a su política en contra de esta práctica.

"Es un riesgo", dijo sobre mantener la regulación solo a nivel administrativo.

"Estamos conscientes de la situación difícil que vive Puerto Rico, pero no podemos dejar desprovistos a unas personas que tienen interés en arrendar una propiedad, que la Autoridad por su ineficiencia, quiere que sea el ciudadano el que responda por ese dinero", puntualizó el legislador popular, coautor de la pieza con el representante Charlie Hernández.