Una coalición de varias organizaciones de corredores de bienes raíces reclamó hoy, lunes, que no se apliquen los nuevos impuestos recién legislados a servicios relacionados con la venta o alquiler de propiedades inmuebles en Puerto Rico.

La petición se justifica debido a “una reducción significativa de los valores de las propiedades, la merma de construcción y el difícil acceso a crédito”, señalaron los corredores que se congregaron frente a las escalinatas del lado norte del Capitolio. 

Al mismo tiempo, los manifestantes abogaron por la aprobación del Proyecto de la Cámara 2566 al participar en una vista pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. 

El primer impuesto rechazado por los corredores de bienes raíces entró en vigor el pasado 1 de octubre por concepto de servicios profesionales y transacciones entre negocios. Se trata del tributo estatal de 4% que también aplica a agrónomos, delineantes, arquitectos y abogados, entre otros.

El proyecto 2566, de la autoría de la representante Jenniffer González, recomienda eliminar el citado impuesto que ya impacta las comisiones generadas por la compraventa de propiedades, el cobro de contratos de administración de alquileres, entre otras transacciones que realizan los corredores de bienes raíces, según destacaron portavoces de la alianza que dijeron representa a unos 15,000 profesionales de ese campo.

La alianza también abogó por la eliminación del impuesto que aumentaría a un 10.5% a partir de abril, cuando entre el vigor el Impuesto de Valor Añadido (IVA) para las transacciones de los corredores, medida que combaten desde que se propuso en la Legislatura.

“Esto afectará al consumidor. Nosotros estamos haciendo este reclamo para proteger la economía y en  defensa del pueblo puertorriqueño”, sostuvo la presidenta de la Alianza de Corredores y Vendedores de Bienes Raíces de Puerto Rico, Pierina Cordero.

De acuerdo con los corredores de bienes raíces, el Estado ya aplica una carga excesiva en las transacciones de propiedades, que en muchas ocasiones son asumidas por los agentes, los compradores o los vendedores.  

“Esta propuesta (P de la C. 2566) aliviaría la carga de incluir más gastos a las transacciones de bienes raíces a las familias que tiene la necesidad de vender propiedades en Puerto Rico y darle justicia al consumidor para que puedan proteger su activo más importante, su hogar”, sostuvo, por su parte, el presidente de la Asociación de Realtors de Puerto Rico, Edgar Morales. 

Desde que se presentó la medida para implantar aquí el IVA a ciertos negocios los corredores de bienes raíces anticiparon un “efecto demoledor” para el sector de la vivienda en Puerto Rico.

Anticiparon, entre otros cambios negativos, que el costo de la construcción aumentaría en al menos 11%, lo que sería un promedio de $12,000 más en el precio de las viviendas de interés social y sobre $22,000 en las viviendas de clase media

Por esa razón, auguraron una baja en las ventas en una industria ya que potenciales clientes contarían con menos dinero para adquirir residencias u otras propiedades inmuebles.